- La celebración en Nueva York de la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas para debatir cuestiones referentes al consumo de drogas ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en el marco internacional hacia posturas alejadas de la penalización. Cada vez más Estados coinciden en que la solución no pasa por la incriminación de los consumidores.
No son pocas las evidencias que indican un cambio de ciclo y un acercamiento a posiciones más tolerantes en el cultivo, venta y consumo de cannabis. La última ha sido la firma de un documento en Naciones Unidas que permitirá a los Estados desarrollar su propia política de drogas.
Para alcanzar un sueño que cada vez parece más cercano, aún necesitan solventarse algunos obstáculos puestos sobre el desarrollo legal de la industria. Entre ellos, varios tratados internacionales vigentes en la actualidad: la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Tres tratados que están firmados por Estados Unidos, Canadá, México y la mayor parte de países europeos y que obligan a los signatarios a establecer medidas legales y a criminalizar la producción, cultivo, posesión y consumo de marihuana.
Tras la reciente Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas y la firma de este documento que permite un cambio en las políticas adoptadas, cabe esperar que se avance hacia la legalización. Frente a los países más conservadores, que siguen manteniendo inmóvil su discurso sobre los efectos dañinos de las drogas, los más abiertos, que abogan por políticas más permisivas, se abren camino y empiezan a sonar con fuerza a nivel internacional. La criminalización de la marihuana no ha dado resultados, por lo que deben plantearse nuevas soluciones y metodologías para regular su consumo.
Las políticas más condescendientes no solo beneficiarían a los usuarios, sino que también proporcionarían ventajas a los Estados que las adoptan. Por un lado, se reduciría el gasto, dado que no tendrían que invertir más sus fondos en la lucha contra el tráfico ilegal. Por otro, obtendrían beneficios fruto de impuestos que sin duda aliviarían las arcas de los estados. Dos ventajas sumadas a los puestos de trabajo que surgirían relacionados con la industria cannábica. Todos estos argumentos son los que han usado Gobiernos e investigadores para avanzar en la legalización.
El 2016 ha levantado la veda para que se eliminen aquellos tratados y empiece así una reforma del panorama legislativo que concierne a la producción, venta y consumo de cannabis. Los Estados parecen entender que la legalización y comercio regulado proporcionan mayores beneficios que la penalización. No son pocos los países que han indicado ya sus intenciones; queda comprobar quién será el próximo en dar un paso al frente.
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