Los retos a los que se enfrenta Canadá para legalizar la marihuana en 2018

Antes de ser elegido primer ministro de Canadá en las elecciones federales de 2015, el liberal Justin Trudeau prometió legalizar la marihuana para uso recreativo. Poco tiempo después de asumir el cargo, el mandatario, que se ha convertido en uno de los líderes con mejor imagen internacional, comenzó a trabajar para lograr un objetivo que, en caso de cumplirse sus previsiones, está cada vez más cerca.

El Gobierno pretende que la nueva regulación se apruebe y se ponga en marcha antes del 1 de julio de 2018, fecha de la fundación nacional. El proceso está generando gran expectación más allá de las fronteras canadienses, ya que hasta ahora Uruguay es el único país que ha legalizado por completo la producción y comercialización de marihuana recreativa a nivel nacional, y Canadá sería el primer miembro del G7 en tomar una medida similar (el cannabis recreativo está regulado en ocho estados de Estados Unidos más el Distrito de Columbia).

En realidad, hace tiempo que el país norteamericano se convirtió en pionero en la industria verde: fue el primero del planeta en instaurar un programa gubernamental para su consumo con fines terapéuticos. No obstante, Trudeau todavía tiene que superar algunos retos para la entrada en vigor de una normativa que ya ha sufrido algunos retrasos. Ahora bien, ¿qué medidas recoge la ley que podría comenzar a aplicarse este mismo verano y qué pasos faltan para que se convierta en realidad?

Los cimientos del proceso de regulación

En 2016, el Ejecutivo encargó a un grupo de expertos analizar cuestiones relativas a la legalización a gobiernos provinciales o locales, así como a otras organizaciones. El resultado fue un Informe del Grupo de Trabajo sobre la Legalización y Regulación del Cannabis que incluía 80 recomendaciones.

Teniendo en cuenta esas pautas, e inspirándose en las leyes aprobadas en Colorado y Washington (las dos primeras regiones que regularon el consumo recreativo de marihuana en Estados Unidos), el Gobierno presentó la pasada primavera su propuesta de Ley del Cannabis, o proyecto de ley C-45, para proporcionar un marco regulatorio sobre la producción, distribución, venta y posesión de cannabis en Canadá.

El proyecto propone que las ventas de cannabis a personas mayores de 18 años sean legales, si bien las provincias y territorios tienen la potestad para aumentar esa edad mínima. El texto recoge además que todos los productores necesitan una licencia federal para operar, aunque no detalla los criterios para conseguir esas licencias.

Por su parte, las provincias y territorios, en colaboración con los gobiernos locales, serán los encargados de desarrollar sistemas para vigilar la distribución y venta, por lo que individuos y empresas, incluidos los productores con licencia federal, tendrán que seguir esos criterios regionales.

En resumen, los canadienses solo podrán comprar cannabis seco, semillas y plantas de un vendedor regulado provincial o territorialmente. Eso sí, en las jurisdicciones que no se hayan autorizado vendedores, se podrá comprar cannabis 'online' a un productor con licencia federal.

La propuesta también contempla el cultivo de marihuana en los hogares y la posesión pública de cannabis con algunos límites: los adultos podrán cultivar hasta cuatro plantas por hogar y poseer hasta 30 gramos en público. Además, el propio proyecto de ley recogía la intención del Gobierno de poner en marcha esas medidas a más tardar en julio de 2018.

Los trámites legislativos marcan los tiempos

El Partido Liberal tiene mayoría de diputados en la Cámara de los Comunes canadiense, por lo que, tal y como se esperaba, el proyecto de ley recibió el visto bueno el pasado mes de noviembre. 200 diputados votaron a favor, mientras que 80 lo hicieron en contra.

Ahora bien, el Ejecutivo tuvo que aceptar algunas enmiendas al proyecto: abandonó su plan inicial de limitar la altura de las plantas domésticas y tendrá que promulgar una norma sobre los alimentos de cannabis un año después de que la legislación entre en vigor.

Tras esa aprobación, el proyecto de ley pasó al Senado, donde se encuentra en la actualidad. En general, la Cámara Alta canadiense se limita a dar el visto bueno a las leyes, aunque la decisión de los senadores no se puede prever. Además, hay que contar con que Trudeau, cuando llegó al poder, liberó a los senadores liberales del sometimiento a la disciplina de partido.

Más allá del bloqueo, el retraso del plazo previsto por el Gobierno para la aprobación de la norma es otro escenario posible, y de hecho es el que prevén algunos senadores. El independiente André Pratte declaró ya el año pasado que julio de 2018 era "un límite político". "Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo correctamente, y eso significa meses", señaló hace unos días el conservador Claude Carignan, crítico con la normativa. Por su parte, el independiente Tony Dean, uno de los defensores de la ley, aseguró que es posible cumplir los plazos previstos, aunque puntualizó que los retrasos son probables.

Por el momento, y a pesar de meses de revisión y docenas de consultas de expertos, el Senado aparentemente requiere más tiempo. De hecho, algunos senadores advierten principios "inconstitucionales" en el proyecto de ley, mientras que otros afirman que la legislación está "llena de agujeros". Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que se requiera una revisión legislativa completa que se extendería hasta final de año.

De un modo u otro, si la Cámara Alta aprueba la ley, no todos los canadienses disfrutarán de las medidas recogidas en la norma, ya que esta otorga amplios poderes a provincias y territorios.

De hecho, algunas provincias ya han aprobado marcos regulatorios propios que cierran algunas de las puertas que abre la C-45. Por ejemplo, en Ontario, Quebec y Nuevo Brunswick serán entidades propiedad del gobierno provincial las que se encarguen de las ventas del cannabis. Por su parte, Manitoba y Alberta sí otorgarán licencias a minoristas privados. Además, en Ontario, la provincia en la que se sitúa la capital del país, la edad legal de consumo será de 19 años. Ottawa, por su parte, ha decidido prohibir que los residentes cultiven su propia marihuana para uso personal.

Las empresas canadienses, a la conquista del mundo

Mientras tanto, las empresas dedicadas a la industria verde desean la aprobación de la nueva ley lo más pronto posible. De hecho, la valoración de los gigantes del sector está creciendo como la espuma precisamente ante las expectativas generadas por la posible regulación del cannabis, que les permitiría adentrarse en el negocio de la marihuana recreativa.

El valor de las acciones de Aurora Cannabis, una de las mayores compañías cotizadas del país dedicada a la producción y distribución de marihuana medicinal, se ha multiplicado por cinco en los últimos doce meses. Hace unos días, adquirió otra de las mayores empresas canadienses del sector, CanniMed Therapeutics, por 1230 millones de dólares de canadienses (800 millones de euros), creando un auténtico imperio del cannabis: tras la compra, su capitalización de mercado se disparó hasta alcanzar los 6800 millones de dólares canadienses (4423 millones de euros).

En total, los cuatro mayores productores de cannabis medicinal están ahora valorados en unos 20.000 millones de dólares canadienses (13.000 millones de euros). Un estudio del banco de inversión Cannacord Genuity ha estimado que las ventas de marihuana en el país alcanzarán los 6000 millones de dólares canadienses (casi 4000 millones de euros) en 2021.

Además, las mayores compañías canadienses de la industria pretenden conquistar también otros mercados. Sin ir más lejos, Aurora cuenta con filiales en Estados Unidos, Alemania o Australia. También la empresa canadiense Tilray acaba de conseguir todos los permisos para comenzar a producir cannabis medicinal en Europa desde Portugal.

Por su parte, Canopy Growth, otra de los gigantes canadienses en el sector, que también distribuye sus productos en Alemania, España, Australia o Dinamarca, acaba de hacer una oferta para comprar la española Alcaliber, la compañía controlada por la familia Abelló, líder mundial en la producción de morfina y una de las pocas que tiene licencia de la Agencia Española del Medicamento para cultivar, producir y vender cannabis con fines farmacéuticos. La operación se estima entre 200 y 300 millones de euros.

En definitiva, todo apunta a que, si la legalización de la marihuana tiene lugar dentro de unos meses como pretende Justin Trudeau, Canadá se convertirá en un paraíso verde para consumidores y empresas, que amenaza con expandirse fuera de sus fronteras.