“Regulación del mercado para salir del inmovilismo”, un estudio del comité de expertos TERRA NOVA

El estudio empieza con varios avisos sobre el coste de las políticas represivas. Las cifras que presentan son significativas: de una población penitenciaria de 60.000 presos, 7.000 cumplen una pena por tráfico de drogas, y una gran mayoría de ellos lo hacen por temas relacionados con el cannabis. Solo el coste de los arrestos se elevaría a 300 millones de euros. También habría que tener en cuenta el coste de oportunidad que genera la imposibilidad de implantar políticas de salud pública.

Incluso invirtiendo recursos presupuestarios considerables a la represión, los resultados obtenidos se consideran mediocres en comparación con la situación que presentan países vecinos donde se ha evolucionado hacia políticas más liberales. Al arsenal jurídico basado en la ley de 1970, que no para de endurecerse, responde una movilización muy importante de las fuerzas de la policía y la gendarmería, así como de funcionarios de justicia. En 2010, se realizaron 122.000 arrestos, 46.000 detenciones preventivas y hubo 57.000 condenas penales en 2013 por infringir la legislación sobre drogas. A modo informativo, el 90% de las infracciones por drogas estaban relacionadas con el cannabis. Los medios dedicados a la implantación de la prohibición son desproporcionados y rozan a veces lo persecutorio. La presión sobre los consumidores se ha endurecido durante los últimos años, contrariamente a lo que se podría pensar debido al fenómeno de trivialización. El 10% de las detenciones preventivas en Francia están relacionadas con el consumo privado y las condenas por dicho consumo conllevan, en mayor medida que antes, el registro de antecedentes penales o penas de encarcelamiento.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos opresivos y represivos, Francia se sitúa en segunda posición por detrás de España en el índice de prevalencia del cannabis en personas de entre 15 y 24 años. El índice alcanza los 550.000 consumidores habituales e indica que un 32% de las personas de entre 15 y 64 años han consumido alguna vez. Frente al exceso de represión, existe un vacío en materia de prevención. El proyecto de la presidenta de la región de Île-de-France (París) de implantar pruebas de detección y de saliva en los institutos de la región representa la idea según la que «la mejor prevención, es la represión».

El interés del estudio consiste también en recalcar las diferencias prácticas internacionales en materia política del cannabis. En la actualidad, el tema se abre al debate en la gran mayoría de los países de la OCDE. Sin embargo, es importante distinguir la despenalización de la legalización, que suponen vías completamente distintas. La primera la han adoptado desde hace tiempo en varios países europeos como España, Portugal o Países Bajos, precursor en la materia, puesto que la ley drugsbeleidlleva en vigor desde 1976. La despenalización consiste en que los poderes públicos renuncien de manera más o menos abierta a castigar de manera penal al consumidor apelado. Es un sistema que a menudo resulta ambiguo y que se basa en una delimitación estricta entre lo que supone tráfico de drogas y el consumo o producción propia, y con un marco reglamentario a veces restrictivo.

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar al cannabis, su venta y su producción, estipulando un límite teórico de 40 gramos al mes. Los estados de Colorado y de Washington en EE.UU. también se han lanzado recientemente a la aventura de la legalización. La idea principal que rige la implantación de la legalización es que el hecho de consumir o no consumir es un tema privado y público en el que se supone que el estado no debe interferir.

Cuando gobierne un representante lo suficientemente valeroso como para emprender una opinión contraria a lo establecido, varias situaciones serán posibles. La primera consistiría en la despenalización, siguiendo el ejemplo de varios predecesores europeos. El impacto positivo en las finanzas públicas se limitaría a la reducción de gastos en las fuerzas del orden, que podrían focalizar su acción en otras tareas, como la vigilancia de terroristas y movimientos radicales, la justicia y el sistema penitenciario. El precio de adquisición sería un factor clave en dicha opción. Si la despenalización se traduce en un descenso del precio, el consumo, que se encuentra ya a un nivel elevado, correría el riesgo de aumentar todavía más. Además, la despenalización permite que prospere el tráfico ilegal y no genera ingresos fiscales. Aun así, la reducción de gastos ascendería a alrededor de 300 millones de euros.

El segundo escenario consistiría en legalizar la venta y el consumo en el marco de un monopolio público, con un precio de venta más elevado, que presentaría la doble ventaja de no impulsar un incremento en el consumo y de suponer un aumento de ingresos para el Estado. Sin embargo, el mercado legal debería plantar cara al mercado clandestino, que podría seguir siendo más atractivo en cuanto a precios. La determinación del precio de venta es un elemento esencial para controlar dicha estrategia. Si el precio es demasiado bajo, incita al exceso en el consumo; si es demasiado levado, alienta el tráfico ilegal. Dicha solución tendría el apoyo de varias fuerzas influyentes en un país en el que el estado colbertista que disfruta interviniendo a la menor ocasión posible.

En resumen, sería posible legalizar y abrir el mercado a la competencia privada. No hay que ser un adivino para prever una fuerte bajada de precios y un aumento en el consumo ya que, el estudio se basa en un supuesto: la adaptabilidad de la demanda del cannabis en relación con los precios establecidos. La ventaja principal esperada consistiría en dar un duro revés al tráfico ilegal. Se cree que actualmente más de 100.000 personas viven de los ingresos generados por el tráfico ilegal. Por otro lado, un sector del cannabis bien explotado podría generar un empleo similar y unos ingresos fiscales de varios miles de millones de euros.

El mensaje del comité de expertos de referencia claramente socialista es bastante claro: en época de limitaciones presupuestarias, el sector del cannabis se presenta como un fuerte potencial de ingresos que solo pide que se explote y que también puede permitir dirigirse en el futuro hacia una sociedad más inteligente en la que no se etiquete inmediatamente al ciudadano como delincuente o enfermo que debe curarse por el hecho de consumir. En términos de economía de mercado, el dinero sigue siendo el argumento final y definitivo.

Puede leer el estudio completo en francés en: http://tnova.fr/etudes/cannabis-reguler-le-marche-pour-sortir-de-l-impasse