La regulación de los clubs de cannabis vascos se atasca en el Constitucional

"Los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) son una realidad presente en la sociedad vasca que llevan más de 15 años demandando un marco normativo que reduzca la inseguridad jurídica para los miles de asociados en las más de 100 entidades que existen en Euskadi. Estos colectivos, los cuales operan legalmente registrados al amparo de la Ley de Asociaciones y de la propia Constitución española, han contribuido de forma importante al proceso de discusión y debate que se ha llevado a cabo en el seno del Parlamento Vasco, el cual desembocó en esta Ley de Adicciones y en el futuro desarrollo de un reglamento.

Por esto resulta aún más difícil de comprender que en base a competencias de salud ya transferidas, no se permita al Gobierno Vasco avanzar en una normativa eficaz para los CSC, la cual respete la legalidad vigente. Más aún en un contexto en el que ciudades como Donostia disponen de un marco urbanístico regulado para los CSC, el cual, pese a ser recurrido, fue refrendado en 2016 por el TSJPV quien no vio ningún impedimento en el planteamiento del consistorio guipuzcoano.

Un 70.8% de la población considera que la actual política prohibicionista no soluciona los problemas derivados del consumo de cannabis

La vía de confrontación coercitiva elegida por el ejecutivo de Madrid no va a hacer desaparecer los consumos, los usuarios, ni las asociaciones que se autogestionan. Mucho menos las redes ilícitas y los consumos problemáticos. Está demostrado que la mera represión sin un adecuado enfoque de prevención y respeto a los derechos humanos, no sólo perpetúa las consecuencias negativas del fenómeno, sino que potencia el aumento de redes criminales y sus consecuencias negativas. Estos argumentos no los extraemos de los propios clubes sino que lo dicen parlamentos, sentencias, universidades, juristas y expertos en la materia, quienes están en sintonía con la tendencia a nivel internacional de ensayos de experiencias de mercados regulados de cannabis.

Asimismo, la sociedad vasca demanda en su mayoría una regulación eficaz para el cannabis, como lo demuestra la última encuesta realizada en 2016 por el Observatorio Vasco de Cannabis, donde un 70.8% de la población considera que la actual política prohibicionista no soluciona los problemas derivados del consumo de cannabis.

En esta misma línea, EUSFAC reclama al sistema judicial, y especialmente a las fiscalías antidroga, un punto más de coherencia, responsabilidad y buen hacer en el ejercicio de sus deberes. Si bien desde estos estamentos se nos reclama permanentemente ajustarnos a la legalidad vigente, (principio inherente de actuación de estas entidades), también es de derecho exigir instrucciones ajustadas a derecho en la que siempre se preserve la presunción de inocencia.

Es nuestro deber contribuir a estrechar la brecha y merma de derechos civiles que representa la actual regulación del consumo de cannabis. Los acontecimientos políticos recientes sugieren que hay una demanda creciente por una evaluación más equilibrada e integral de los impactos de las estrategias actuales en materia de control de drogas así como en favor de la exploración basada en evidencias de los posibles enfoques alternativos ya en marcha. Es necesario escudriñar las políticas actuales y explorar alternativas basadas en evidencias con el objetivo de instrumentar políticas más efectivas y menos costosas. Reconocer y evaluar de manera sistemática estas consecuencias negativas constituye el primer paso en el proceso de debate pendiente a nivel nacional sobre la necesaria reformulación de la legislación actual en esta materia.

EUSFAC está en plena disposición de colaboración con la administración vasca a efectos de avanzar en el diseño de marcos de reglamentación y funcionamiento para estas entidades que respeten la legalidad vigente y que ofrezcan el espacio normativo tan esperado en pro de una necesaria seguridad jurídica. Por ello, animamos a Parlamento y Gobierno Vasco a seguir defendiendo las decisiones y los procesos llevados a cabo de manera soberana en nuestra cámara y a seguir avanzando de forma política, y nunca judicial, hacia modelos sociales consensuados y debatidos. Es hora de implementar políticas de reducción de riesgo basadas en la salud y los derechos humanos ajustadas a una sociedad democrática y de derecho. Es ésta una tarea colectiva de la que nos sentimos coparticipes y en la que animamos a seguir profundizando."

En Donostia-San Sebastián a 16 de enero de 2017.