- Paraguay es el mayor productor de marihuana de Sudamérica: abastece a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay de cannabis prensado en ladrillos (o “paraguayo”).
- Desgraciadamente, una actividad que podría repercutir positivamente en la economía de un territorio con grandes desigualdades socioeconómicas está controlada por narcotraficantes y políticos corruptos.
- Pero parece que las cosas podrían cambiar: el país acaba de aprobar el autocultivo de cannabis para uso medicinal y se ha reglamentando la producción e industrialización controlada de cáñamo industrial, mientras también acaban de entregarse las primeras licencias para producir cannabis terapéutico.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas existen plantadas en Paraguay. Pero está claro que este pequeño país es el principal productor de marihuana de América del Sur. Las autoridades nacionales y las instituciones fiscalizadoras internacionales hablan de entre 6.000 y 7.000 hectáreas destinadas a un cultivo que comenzó en los años sesenta y se extendió para abastecer la creciente demanda de América del Sur. Actualmente, el 90 % de la 'maconha' (marihuana) que se consume en un gigante como Brasil procede de Paraguay. Años atrás se conseguían dos cosechas por año. Actualmente, las nuevas semillas de marihuana permiten hasta tres.
Así, según estimaciones de la Secretaría Nacional Anti Drogas del Paraguay (SENAD), en la actualidad unos 20.000 campesinos se dedican al cultivo de marihuana, sobre todo en el noreste del país. En esta región la lluvia es abundante, lo que favorece el crecimiento de la planta y complica el acceso a los terrenos. Se calcula que el 60 % de los cultivos se encuentran en reservas agroganaderas, donde los productores deforestan parte del lugar para que la marihuana quede escondida en medio de los bosques originales. El cultivo ilegal de marihuana en Paraguay es el pan nuestro de cada día para muchísimos agricultores, que viven en la pobreza y se ven obligados a cultivar esta hierba para los narcotraficantes, arriesgando su vida y su libertad.
Son los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Concepción, todos fronterizos con Brasil, y el de San Pedro, donde los narcotraficantes operan con mayor impunidad, integrando en su cadena de influencias a las autoridades locales (alcaldes, intendentes, diputados, policías, militares, funcionarios públicos) y gestionando empresas de transporte, de logística, financieras o de seguridad, además de una poderosa y oculta red de lavado de dinero.
De hecho, las tasas de homicidios en la frontera paraguayo-brasileña son escandalosamente altas y muestran la presencia de grupos de traficantes que se disputan los territorios hacia las rutas brasileñas. Aun cuando Paraguay no cuenta con planes de desarrollo alternativo ni con demasiados indicadores sobre cuáles han sido los resultados de sus políticas antidrogas, todo indica que han sido un fracaso.
El proceso del cambio en Paraguay
La normativa que regula su uso medicinal quiere "revolucionar" la agricultura local y frenar el avance del narcotráfico en el país.
Todo empezó a cambiar a finales de 2015, cuando precisamente una inusual protesta impulsada por los llamados "marihuaneros", los agricultores que viven del cultivo de esta hierba, marcharon en algunas zonas del país en contra de la destrucción de sus cosechas por parte de la Policía. Aunque la pérdida de algunas plantaciones no supone un gran problema para los narcotraficantes, sí acaba con la única fuente de ingresos de los campesinos. Tras estas marchas, incluso se habló de la intención de impulsar un proyecto de ley que regulara el consumo de marihuana y permitiera al Estado su producción y distribución.
Pero no sería hasta principios de 2018 cuando se han dado pasos firmes en esta dirección, cuando el entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ratificó la ley 6.007 que reglamentaba la marihuana medicinal, en la cual se establecía un marco legal de producción y uso del cannabis, creándose el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Cannabis y sus Derivados.
Aunque la legislación permitió la elaboración local de los productos cannábicos, no autorizó el "autocultivo", estableciendo un reglamento para la producción controlada y limitada solo al Estado. Así, en junio de 2018, Paraguay comenzó a vender aceite de cannabis importado para fines medicinales.
Sin embargo, la necesidad de aliviar las dolencias de personas con epilepsia refractaria, por ejemplo, sumada a la falta de una legislación clara, propició no solo el uso casero del aceite de cannabis, sino también el autocultivo y la fabricación artesanal del bálsamo.
El pasado 13 de septiembre de 2019 eso cambió, cuando el Senado aprobó un proyecto de ley que agrega dos párrafos a los artículos 30 y 33 de la ley que regula el tráfico ilícito de drogas peligrosas. Con la modificación se despenalizaba el autocultivo del cannabis para uso medicinal, de tal manera que cualquier la persona que (para su exclusivo uso terapéutico) realice el autocultivo de marihuana, estará exenta penalmente, siempre que lo haga con un permiso estatal y en un inmueble autorizado por la Secretaría Nacional Antidrogas.
Unos 20.000 campesinos se dedican al cultivo de marihuana en Paraguay, sobre todo en el noreste del país.
Tan solo unos días después de este anuncio, el Gobierno paraguayo también sacaba a la luz que abría el proceso para otorgar cinco licencias a empresas para la producción, industrialización y comercialización controlada de aceite de cannabis en el país, "para investigar más sobre las utilidades médicas de este compuesto".
El Secretario de Estado afirmó que el 2% de la producción de todas las empresas con licencia irá directamente al Ministerio de Salud, lo que permitirá ofrecer aceite de cannabis medicinal de manera gratuita a los pacientes que tengan una prescripción médica, en concreto aquellos pacientes que padecen epilepsia y no responden a los tratamientos convencionales, aunque también para tratar el Parkinson o el dolor crónico.
Una apuesta por el cáñamo industrial
En esta vorágine de leyes, el 20 de octubre pasado el Poder Ejecutivo anunció también que el presidente Mario Abdo Benítez había firmado el decreto reglamentario Nº 2725 para la producción controlada de cáñamo (o cannabis no psicoactivo como lo han denominado) para producir aceite de CBD, además de para otros usos industriales.
La medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), apunta a la agricultura familiar campesina para que los pequeños productores puedan cultivar cáñamo como una alternativa de desarrollo, además de crear una red industrial que convierta a Paraguay en el destino principal, por fin, de fondos transparentes. La siembra se iniciaría en el mes de abril de 2020 con un máximo de dos hectáreas por familia; y se estima que unos 25.000 pequeños productores, casi tantos como los que se dedican actualmente al cannabis, podrán beneficiarse de esta medida en el primer año.
Dos empresas brasileñas y una subsidiaria estadounidense ya manifestaron su interés por este tipo de cultivo en el país. De hecho, existen empresas instaladas en Paraguay con intereses de firmar un acuerdo con los productores.
Con la regularización del cultivo de marihuana medicinal (para el Estado y las grandes empresas) y del cáñamo industrial (para que el pequeño campesino abandone el yugo del narco), parece que Paraguay se encamina a convertirse en un puntal en la producción legal de cannabis, con miras a abastecer el mercado local y, por qué no, exportar al mundo entero.
Comentarios de nuestros lectores
Aún no hay comentarios. ¿Quieres ser el primero?
¡Deja un comentario!¿Te ha gustado este post?
Tu experiencia con nuestras semillas es muy importante para nosotros y puede ayudar a otros usuarios (tu dirección de correo electrónico no se publicará).