La asociación Pannagh califica de “política y contradictoria” la sentencia del Supremo que condena a cuatro de sus miembros

"Desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003". Con esta frase terminan los responsables de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh el comunicado que han emitido tras conocer la sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo, que ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que los absolvió del delito de tráfico de drogas por cultivar marihuana para sus socios.

El fallo, que se ha hecho público esta semana, tiene graves consecuencias para algunos de los miembros de esta pionera asociación bilbaína y referente del movimiento asociativo cannábico en nuestro país: la pena para el presidente y la secretaria es de un año y ocho meses de prisión, mientras que dos socios tendrán que cumplir seis meses de cárcel. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, los magistrados imponen para los primeros multas de 250.000 euros. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

En opinión de Pannagh, "se trata de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español". Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas y otras organizaciones ya han mostrado su apoyo a los miembros y animan a denunciar y difundir la situación en Twitter con el hashtag #YoSoyPannagh.

Mañana no conseguiremos ser TT !!! #MentirasMasUsadas pic.twitter.com/B6rSkX0yN1

- FAC (@FederacionFAC) diciembre 29, 2015

Así termina el último capítulo legal al que se enfrenta la directiva de este club social de cannabis de Bilbao, desde que la justicia lo clausurara y obligara al cese de su actividad hace cuatro años. En noviembre de 2011, agentes de la policía municipal intervenían su sede y detenían a cinco de sus miembros, entre ellos el presidente de la asociación, Martín Barriuso. 

Aquella no era la primera vez que la asociación sufría un golpe: en 2005, cuatro miembros fueron detenidos y su cultivo incautado, aunque el caso fue finalmente archivado y el cultivo devuelto legítimamente a sus dueños.

En 2011, lamentablemente, la situación no terminó de la misma manera. Junto con Barriuso, el tesorero y la secretaria fueron acusados por un delito de tráfico de drogas, por el que la Fiscalía pedía cuatro años y medio de prisión. Además, estimaba oportuna una condena adicional de año y medio por integración en un grupo criminal. 

Después de un largo proceso, el pasado mes de marzo se celebraba al fin en Bilbao la vista que entonces parecía definitiva. Como consecuencia, la Audiencia Provincial de Vizcaya absolvía a la asociación de los cargos tras concluir que Pannagh cumplía las condiciones para continuar con su actividad como asociación de usuarios de cannabis. 

"No se ha acreditado vocación de tráfico, ni intención de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas ni de difundirla a terceras personas. No hay delito contra la salud pública", explicaba a Dinafem Barriuso, tras conocer la conclusión que les libraba de los cargos. Pero las buenas noticias no duraron demasiado: la Fiscalía presentaba poco después un recurso que el Supremo ha estimado parcialmente.

Los miembros de la asociación cannábica encuentran la argumentación que respalda la reciente sentencia "plagada de errores y contradicciones flagrantes" y sostienen que prescinde de datos fundamentales aportados a la causa, "relevantes para la defensa". 

 

Desde Pannagh alegan que, pese a que su actividad ya fue considerada penalmente irrelevante por la Audiencia Provincial de Vizcaya (en 2006) y por la de Álava (en 2012), la sentencia afirma que los acusados actuaron "alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos". Sin embargo, "los hoy condenados no tenían una 'infundada esperanza', sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva".

También se dice que hubo "ocultación de los fines reales de la asociación" e "indiferencia" ante la posible ilegalidad, ignorando así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último. "Pannagh es una entidad histórica que ha tenido siempre un perfil de máxima transparencia y de lucha continuada en el movimiento, siendo una experiencia de referencia de buenas prácticas para centenares de entidades a nivel de Euskadi, estatal e internacional. La regulación de estas entidades a nivel vasco, va a quedar plasmada en la futura Ley de Adicciones, mientras que los activistas que colaboraron en su desarrollo están siendo masacrados con este tipo de sentencias", afirman desde la Eusfac (Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi) sobre este recurso.

Por otro lado, aseguran que se han utilizado nuevas pruebas sin haber sido antes constatadas por ambas partes en una vista, y se les condena por unas "supuestas intenciones", sin haber planteado esta cuestión a los aludidos antes de dictar la sentencia, como exige la ley. 

El resultado es acorde y casi parecido a las anteriores dictaminadas para las asociaciones Ebers y la catalana Three Monkeys, asfaltando así el camino hacia la criminalización de la actividad de los clubes sociales de cannabis en España. Según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la estructura y funcionamiento de estos dos clubes desbordaban los límites del consumo compartido y atentaba contra la salud pública. 

Desde Pannagh critican que el texto llega a ser prácticamente idéntico a sus predecesores: "La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers y Three Monkeys". Tanto es así que "se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se suponen figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras", argumentan.

....Y no te olvides de @Pannagh !!! #FreePannagh #Regulación20D #SiembraElCambio #YoUsoCannabis pic.twitter.com/7jFa8tBqQa

- FAC (@FederacionFAC) noviembre 27, 2015

Muchas de las alegaciones de la sentencia contradicen además a las dictadas por la Audiencia Provincial, explican desde la asociación. Mientras que antes se encontraban evidencias de "un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba", ahora hay "una falta de control". Asimismo, ha pasado de estar integrada por socios que aceptaron "la actividad de cultivo para consumo privado", a ser "un núcleo de personas" quien "organiza la estructura asociativa; disponen y preparan el la intendencia, abastecimiento, distribución y cultivo y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios".

Los condenados tienen intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, y un posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se ha vulnerado "su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad de las penas". Se plantean incluso recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este auténtico atropello judicial contra sus derechos.

"La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario", defienden. La asociación también deja claro que no piensan amedrentarse ni tirar la toalla, pues se trata claramente de "una sentencia política, destinada a desmantelar la realidad social del cannabis en el estado español".