El OECC hace una propuesta de Ley del Cannabis medicinal y terapéutico

El pasado jueves 11 de diciembre se celebró la rueda de prensa en la que el OECC, junto con otras organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de Ley del Cannabis Medicinal y Terapéutico en la que se remarca la necesidad de crear tres vías de acceso al producto: auto-cultivo, clubs y licencias.

En este sentido, otras organizaciones como Fundación Daya, también apoyan este enfoque, ya que aseguran que la experiencia regulatoria en países en los que que la producción y la distribución de cannabis está únicamente en manos de las farmacéuticas, ha demostrado no ser el mejor modelo para los intereses de los pacientes. Aseguraron que la regulación con más vías de acceso garantiza una mayor competitividad en el mercado, que se traduce en precios más bajos y más accesibilidad al producto.

La propuesta surge de los trabajos previos del OECCC y CatFAC tras un análisis exhaustivo del marco legal actual en España que no contempla, hoy por hoy, las necesidades de los pacientes que requieren tratamiento con cannabis, así como de las necesidades y demandas de los pacientes.

El trabajo se enfoca en cubrir las necesidades de aquellas personas que, para adquirir marihuana para tratar sus enfermedades se ven obligadas a recurrir al mercado negro con lo que ello conlleva, una falta de control a nivel sanitario y un total desconocimiento del contenido a nivel de compuestos de la marihuana que adquieren.

Tal como se explicó en dicha rueda de prensa, el contenido a nivel de cannabinoides varía mucho de una variedad a otra, recordemos que los estos compuestos pueden provocar efectos opuestos en nuestro organismo dependiendo de la dosis administrada, por lo que para que el cannabis sea efectivo como medicina es imprescindible que haya un control sobre el contenido y los niveles de sus compuestos.

Además, cada cannabinoide posee unas propiedades distintas, lo que para un paciente puede ser beneficioso, para otro puede no serlo. Hay algunos enfermos que necesitan tratar su dolencia con CBD, pero en cambio el THC les provoca efectos secundarios no deseados y no les aporta tantos beneficios. En ese caso, por ejemplo, las variedades "Pure CBD", con menos de 1% de THC serían una buena opción. En cambio existen otras enfermedades para las que el THC puede ser efectivo.

Debemos tener en cuenta, que el método y las condiciones de cultivo de la planta influyen también en su contenido de cannabinoides. Y que el cannabis destinado a un uso medicinal en ningún caso puede contener pesticidas o fertilizantes que no seas de origen biológico. La regulación aportaría un mayor control sobre todos estos aspectos que por desgracia hoy en día no existe. 

Tras reunirse con más de 12 grupos políticos y analizar alrededor de 50 fuentes legislativas, esta propuesta encaja en el marco legal actual y aporta transparencia y democracia. El director jurídico del OECCC, Hector Brotons, aseguró en la rueda de prensa que esta propuesta es un documento ampliamente trabajado pero que todavía se puede enriquecer más, y hace una llamada a las organizaciones de la sociedad civil para que contribuyan a completar este trabajo para que sea lo más consistente y completo posible. "Es una propuesta muy trabajada a nivel jurídico y encaja en el marco legal actual. La sociedad civil va por delante, creando un marco legislativo."

Además, aseguró que el 85% de la población española está a favor de la regulación del cannabis medicinal y que las asociaciones son las que se han encargado, hasta ahora, de cubrir las necesidades de los pacientes. "Siempre hemos creído que la seguridad social es el organismo que debería encargarse de los pacientes y que los tratamientos con marihuana deben hacerse como con cualquier otra medicina, bajo supervisión médica."

Para la elaboración de la ley, se ha hecho un análisis también de la legislación internacional, teniendo en cuenta países en los que la regulación ya es una realidad como Canadá, Suiza, Colombia, Uruguay o Chile. También se han tenido en cuenta los dictámenes de la Organización Mundial de la salud, así como publicaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Dado que la ley se enmarca en el Estado español, se han tenido muy en cuenta también tanto la constitución Española como la jurisprudencia de los tribunales de justicia.