Mitos sobre la alegalidad del cannabis en España

España es un país de costumbres. Una particularidad que para algunas cosas puede traer buenos resultados y que, en otros casos, supone un obstáculo para el progreso. Con la marihuana ocurre algo similar, aunque parece que en los últimos años la situación ha experimentado un retroceso.

En la actualidad, la marihuana no está legalizada en España, pero el autocultivo de cannabis está permitido siempre que se haga en privado y no esté destinado al tráfico. A pesar de lo que muchos piensan, no se especifica claramente el número máximo de plantas que un cultivador puede tener, ya que lo que castiga el código penal es la venta de la sustancia, pero no la posesión o el cultivo de la misma para el consumo propio, algo que solo puede interpretar un juez y según cada caso concreto. Tan difusos están los límites que hasta marzo del año pasado, el consumo y posesión de marihuana se regía por la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, más conocida como ley Corcuera por el ministro que la impulsó. Esta ley prohibía el consumo en público, pero no regulaba cultivar cannabis en la intimidad del hogar.

Una legislación más estricta

Sin embargo, esta norma ha sido derogada por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, con la que España se desmarca de la senda reguladora mundial a favor del cannabis. Aprobada tan solo con los votos del Partido Popular, ha sido muy criticada por quienes consideran que supone una privación de los derechos individuales del ciudadano.

Así, en lo que respecta al cannabis, añade una modificación sin precedentes: por primera vez en España se considera una infracción grave tener plantas de marihuana visibles desde la calle, aunque sea para el autoconsumo. En concreto, el artículo 36 de dicha ley dice que "será infracción grave la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público". Por lo tanto, si un vecino sospecha que cultivas marihuana en el balcón, podrá denunciarte. Además, si la denuncia es llevada a cabo por un agente de la ley, su palabra pesará más que la tuya y tendrás que demostrar que las plantas que cuidas con mimo en la terraza no son cannábicas. 

Si tienes mala suerte y alguien se percata de que estás cultivando marihuana, aunque sea en el balcón, la multa puede variar desde 601 a 30.000 euros, igual que consumir en público. En este sentido, la ley endurece las sanciones por consumo, posesión y cultivo de forma considerable y duplica la multa mínima (entonces de 300 euros) por la tenencia de estupefacientes en la vía pública.

Bernardo Soriano, de S&F Abogados, explicaba a Dinafem que la situación se recrudece en este aspecto. Antes de la ley mordaza, tanto adultos como menores contaban con la posibilidad de someterse a un programa de rehabilitación a cambio de retirar la multa. Con la nueva legislación, ese proceso solo queda disponible para los menores de 18 años, y aquellos que superen dicha edad tendrán que asumir la sanción correspondiente sin alternativas.

Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) consideran que en lo que respecta a una posible legalización, el panorama queda tal y como estaba. De esta forma, en España se siguen considerando lícitas tres vías determinadas para abastecerse de cannabis.

En primer lugar, el autocultivo y la justificación de que ese cultivo no va a parar al mercado negro y que tiene intención de cubrir el consumo de una persona en un tiempo prudencial. En segundo, la opción de que un cultivador ceda a una persona con alguna enfermedad el cannabis con fines medicinales. En tercero y último, la premisa "que genera más controversia" y que está relacionada con que un grupo de personas se pongan de acuerdo para comprar cannabis y autoabastecerse de manera conjunta. Es decir, lo que hoy es conocido como clubes sociales de cannabis.

La legalidad de los clubes de cannabis

A pesar de que hace dos años el Tribunal Supremo dio la razón a estas asociaciones bajo la doctrina de consumo compartido, en septiembre de 2015 dio un paso atrás y condenó a algunos miembros de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers por un delito contra la salud pública. La sentencia consideraba que el tamaño de la asociación y su estructura excedían "los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente". No ha sido el único caso. En diciembre otros clubes como Three Monkeys o Pannagh han sufrido consecuencias similares.

La abogada Helena Echeverri explicaba para Dinafem que si algo parece claro es que por el momento los clubes sociales son "absolutamente ilegales" y "ya no tenemos dudas" de que serán condenados todos aquellos que hayan puesto en funcionamiento alguno y no cumplan con los nuevos requisitos del Alto Tribunal. En este sentido, se especifica que los socios sean consumidores habituales y que el consumo de cannabis sea en el interior del local, de forma inmediata y en poca cantidad. Pero quizás el punto más polémico viene dado por el número de socios que pueden formar la asociación, cuya cifra exacta debe ser determinada por el legislador. "Nunca más de cincuenta, cien, quinientos o cuatro mil", señala Echevarri.

Durante la última década, comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra se han mostrado dispuestas a luchar por la legalización de los clubes de cannabis. De hecho, Barcelona es ya considerada como la nueva Ámsterdam: según los últimos datos, la Ciudad Condal cuenta con cerca de 160 clubes cannábicos que cumplen con todos los requisitos. En Euskadi han ido un paso más allá y en los últimos meses han aprobado la conocida como Ley de Adicciones, que ampara y regula estas asociaciones. Anteriormente Navarra también había intentado legalizar los clubes cannábicos y durante un tiempo lo consiguió, pero a finales de 2015 el Tribunal Constitucional dio al traste con esta decisión autonómica.

El consumidor, el gran afectado

En cualquier caso, los límites de la ley no son del todo claros y esta situación provoca conflictos entre los consumidores y los agentes de seguridad. Es lo que le ocurre a Abel Amor, un asturiano que sufre graves molestias por un accidente y necesita el cannabis medicinal para paliar los dolores. A pesar de tener un permiso que lo acredita, la Guardia Civil ya ha retirado hasta cinco cosechas de marihuana en su plantación: "Nunca podrán pagar el destrozo ni la salud que he perdido", asegura el afectado.

El debate en torno a la legalización de la marihuana no se ha apagado. España encabeza el consumo de marihuana a nivel europeo, con un 17 % de la población que afirma haber probado alguna vez esta sustancia. Según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), un 63,5 % de los jóvenes estaría dispuesto a permitir la venta legal de cannabis. Además, la inmensa mayoría, un 81,2 %, asegura que no cambiaría sus hábitos de consumo en el escenario de la legalización. De esta manera, si la prohibición no supone ningún impedimento para los consumidores, el paso más lógico va camino de una futura regularización.

En esta tesitura, solo cabe esperar la acción (o inacción) de un futuro Gobierno. Durante la campaña de las primeras elecciones generales, las formaciones más jóvenes, como Podemos o Ciudadanos, abogaban por la legalización de la marihuana en sus discursos. Unas intenciones que despertaron polémica en la vieja política española y que sus defensores han matizado añadiendo que "no se trata de una barra libre de cannabis", sino de una forma de controlar el consumo y acabar con el mercado negro. A la vista de estos hechos, los ojos están puestos en una hipotética formación de Ejecutivo, que lleva ya nueve meses de retraso y parece abocado a unas terceras elecciones generales. Mientras tanto, la legalización de la marihuana en España tendrá que que seguir esperando.