La marihuana se abre paso en México: presente, pasado y futuro de la lucha por la legalización

La venta de drogas, el crimen organizado, la piratería, la trata de seres humanos, la extorsión policial o la violencia son algunas de las consecuencias de recurrir al mercado negro para hacerse con marihuana en el DF. Por eso los legisladores federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la izquierda política al frente del gobierno, han tomado las riendas del asunto en busca de una solución. Esta semana han presentado una iniciativa de ley en la asamblea local cuyo principal objetivo es regular el consumo de cannabis en el Distrito Federal, donde genera alrededor de 28 millones de dólares anuales.

En palabras del asambleísta del PRD Vidal Llerenas, "entrar al debate de la legalización o la regulación en la Ciudad de México puede ayudar a tener ideas más ambiciosas a nivel federal, como reconocer el uso médico de la marihuana, reclasificar su utilización, ampliar las cantidades de portación y dar a las entidades la capacidad de regular su uso".

Por ello en los próximos días se presentará en el Parlamento federal una segunda propuesta para aumentar la cantidad legal de marihuana que una persona puede llevar consigo. Concretamente, se quiere incrementar de cinco a treinta gramos la cantidad de marihuana que se puede llevar encima sin riesgo de sanción, y hasta cinco kilos la suma que se dedique a la compraventa. Además, se propone ampliar la competencia de los estados para su regulación y estudiar los usos medicinales de la hierba. Todo está en marcha.

Con la ley en la mano

A día de hoy, las leyes mexicanas establecen que "el cannabis sativa, indica o marihuana" puede ser utilizado "para consumo personal cuando no supere los cinco gramos en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones". Sin embargo, el Código Penal del Distrito Federal permite imponer penas de hasta veinticinco años a quienes produzcan alguno de los narcóticos estipulados, o a aquellos que colaboren en la financiación de delitos relacionados con ellos. Esto es lo que se pretende modificar.

El otro documento propuesto buscar reducir los riesgos derivados del uso de estas sustancias, así como mitigar la persecución policial. Aunque son un paso hacia delante, en ningún caso las propuestas están enfocadas a legalizar la marihuana para el consumo recreativo, sino que están dirigidas a cuestiones de sanidad pública y seguridad.

Se propone que, habiendo delitos más graves sin resolver - como asesinatos, robos, o violaciones -, se priorice su persecución de tal forma que las autoridades no dediquen su tiempo a investigar asuntos más superfluos, como podrían ser los delitos derivados de consumos mínimos de marihuana.

Además, se crearían dispensarios legales para obtener cannabis pero, ojo, no para consumirlo. Esto favorecería la separación de mercados, evitando que se acceda a otras sustancias en el camino hacia la marihuana. Quien lo suministre, no obstante, tendrá que asegurar que la droga no esté adulterada, y garantizar el "derecho a la información" de los usuarios sobre los daños que, según las autoridades, puede producir. Pero, claro, de todo esto surge una preocupación compartida: existe el riesgo de que la marihuana que se dispense provenga de organizaciones criminales.

Larga lucha contra los cárteles de la droga

El debate sobre la legalización de la marihuana y todo lo referente a ella viene de lejos. Ya en 2005 el presidente Vicente Fox envió una propuesta a la cámara de los diputados con la intención de criminalizar el autoconsumo de cannabis. La petición fue aprobada en abril de 2006, después de varias reformas, pero la ley fue vetada poco después.

El debate se recrudeció hasta límites insospechados durante la presidencia de Felipe Calderón (de 2006 a 2012), que declaró la guerra a los cárteles de la droga en lo que se ha llamado "el sexenio de la muerte". Calderón desarrolló una dura política en contra del consumo, venta y distribución de droga que provocó gran inestabilidad social en ciudades como Ciudad Juárez, Monterrey o Veracruz.

Desgraciadamente, la acción dejó millones de muertos por el camino. Según las organizaciones del Movimiento por la Paz, la cifra de fallecidos ascendió a setenta mil durante aquel periodo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habla de más de dos mil casos de personas extraviadas o desaparecidas en el país.

Legalizar, posible solución

Algunos supieron ver la legalización como la única solución a este gravísimo problema. De hecho, en 2009, el ya expresidente Fox dio un vuelco a la que había sido su política para convertirse en el gran defensor de la despenalización, e incluso comercialización, del cannabis. "La marihuana con un control y reglamentación adecuados puede ser perfectamente una industria legal operativa, que le quitará millones y millones de dólares a los criminales", afirmó Fox.

Aún en 2009, Felipe Calderón reformó la Ley General de Salud, estableciendo que no se llevaría a cabo ninguna acción penal, en todo el país, contra los consumidores que poseyeran hasta cinco gramos. Con una condición: se les recomendaría asistir a algún programa contra adicciones. Programas que, a su vez, se convertían en obligatorios con la tercera detención.

Hasta el momento, la legalización de la marihuana sigue siendo un tabú en México. Quienes están a favor alegan que atacaría de forma directa al narcotráfico, contribuiría al turismo – como ha ocurrido en Seattle o Denver -, y repercutiría positivamente en el campo mexicano. De hecho, Fox declaró que México podría convertirse en un país productor, capaz de exportar a otros países que ya hayan despenalizado su consumo.

"No a la regulación"

Los impulsores de las actuales propuestas alegan haber analizado la situación de Colorado, Washington y Uruguay, donde se ha legislado para despenalizar el consumo de cannabis. Pero de momento el paquete de iniciativas tendrá que ser discutido a partir del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa del DF, cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones.

Será algo más bien simbólico, porque independientemente del resultado las cosas seguirán como hasta ahora. La Asamblea no tiene potestad para decidir sobre este asunto así que, aunque la iniciativa saliera adelante, la producción de marihuana continuaría siendo un delito en la capital de México.

Es solo una forma de impulsar el debate en el Parlamento federal, único organismo facultado para despenalizar la marihuana. Pero el PRD, promotor de estas iniciativas, cuenta con un apoyo escaso en el Congreso y el Senado, lo que dificultará enormemente su aprobación.

De hecho, Mercedes Juan López, secretaria de Salud del Gobierno, ya ha adelantado que seguirán en contra de la despenalización. "Desde el punto de vista de salud pública consideramos que no sería conveniente pensar en tenerla como una sustancia que se pueda consumir sin ninguna regulación", ha sentenciado, recurriendo a argumentos sobre el supuesto carácter nocivo de la marihuana y el peligro de que se convierta en puerta de entrada hacia otras drogas.

En México, la legalización de la maría es un asunto espinoso, pero el país tendrá que tomar medidas contundentes cuanto antes, sobre todo en el contexto de una América Latina pionera, con Uruguay a la cabeza, en lo que respecta a la legalización del cannabis como una forma de acabar con la corrupción y el derramamiento de sangre.

Apoyo a las medidas

Algunos expresidentes latinoamericanos, como Ernesto Zedillo (México), Ricardo Lagos (Chile), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia) han mostrado su apoyo a la iniciativa dirigiendo una carta a Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno del Distrito Federal). En ella, los exmandatarios reconocen que el debate que se pone estos días sobre la mesa es necesario en toda la región. En la carta puede leerse:

"Por medio de la presente nos dirigimos a usted para extenderle la más sincera felicitación de los aquí firmantes por el compromiso y liderazgo demostrado por los poderes ejecutivo y legislativo del Distrito Federal en el diseño de mejores políticas y leyes sobre drogas". 

Los nombrados también apoyaron en 2012 un cambio en la forma de afrontar la lucha contra el narcotráfico. En ese momento plasmaron en un documento lo que para ellos habían significado cuatro décadas "inútiles" de combate donde, además, proponían "regular", aunque no "legalizar" las drogas: "40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y Centroamérica, la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza a la seguridad cuidada y la estabilidad democrática".

También aseguraban que los hechos eran "reiterados" y hablaban "por sí mismos". En la "guerra contra las drogas" liderada por Estados Unidos, jugaba un importante papel la "erradicación de la producción, la interdicción del tráfico y la criminalización del consumo". Pero su política no ha funcionado, y ha desembocado en un alto coste de vidas humanas. "Mientras haya demanda por narcóticos, habrá oferta. Los únicos beneficiarios del prohibicionismo son los narcotraficantes", afirmaban en el escrito.

Hoy, y después de dos años, mantienen sus palabras y un apoyo incuestionable a promover nuevas medidas efectivas para solucionar el problema.