La legalización de la marihuana en México sigue estando en el aire

Todo estaba preparado. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa el tema de la despenalización de la cannabis y otras drogas como parte de su estrategia para combatir al poderoso crimen organizado. El Senado mexicano se estaba preparando para un debate sobre la legalización de la marihuana, previsto para finales de octubre de 2019.

La aprobación de esta legislación sería un hito en el país, en el que la violencia ligada a los cárteles de la droga se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas en la última década. Los parlamentarios del gubernamental Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenían casi listo el nuevo proyecto de ley consensuado en foros públicos. Tras el visto bueno de los senadores, la nueva norma pasaría a la Cámara Baja para su revisión, donde también tienen mayoría.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, el Senado de México decidió aplazar el debate hasta nuevo aviso debido, precisamente, a la falta de acuerdo, así como por observaciones formuladas por las secretarías de Gobernación y Salud. El objetivo del debate era reformar cinco artículos de la Ley General de Salud y así legalizar el uso de la marihuana con fines médicos, científicos y recreativos, además de aumentar la cantidad de consumo personal de 5 a 28 gramos.

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Concretamente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta no se puso de acuerdo en los puntos relacionados con la producción, distribución, comercialización y concesión de licencias que se habían anotado en el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia. Debido a la falta de consenso, el proyecto de ley no se votará antes del día 31 de octubre como estaba previsto.

La presión del Alto Tribunal

El año pasado, la Corte Suprema del país sentó una jurisprudencia y declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud por considerar que violaban el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido ordenó al Senado legislar en esta materia antes del último día de octubre de 2019. A pesar de que la Corte le dio un año para hacer las reformas necesarias, el Senado comenzó a trabajar a marchas forzadas a principios de octubre. Y con las prisas no han llegado.

Así que el Senado ha solicitado a la Corte Suprema una prórroga para aprobar la ley. Pero si el Senado no reforma las leyes con esa prórroga, la Corte Suprema podría eliminar de la legislación los artículos que considere inconstitucionales. Esto permitiría efectivamente el cultivo doméstico pero no crearía un mercado comercial regulado.

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El proyecto de ley de legalización en principio se anunció con el objetivo de empoderar a las comunidades mexicanas más vulnerables, para cosechar los beneficios de la ley, garantizando que obtengan preferencias especiales para obtener licencias y autorizaciones.

Se preveía también la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, adscrito a la Secretaría de Salud, que estaría encargado de emitir los permisos. El borrador también decía que, para las licencias comerciales y de investigación, la propiedad extranjera se limitaría a un máximo del 20 % de la estructura del capital.

Las multinacionales están atentas a la modificación legal, presionando para que se impulse una legalización a su medida. 

Sin embargo, la propuesta de ley, de 74 artículos, también contempla reglas estrictas al etiquetado y un empaquetado elaborado con materiales biodegradables. No define un proceso lícito de obtención de semillas de marihuana locales y obliga a dar un seguimiento puntual desde que germinan hasta que la hierba llega a las manos del consumidor, así como a hacer pruebas de laboratorio antes de comercializar el producto.

Las organizaciones denuncian que de esta forma se generaría un "efecto Monsanto" porque los requisitos son prácticamente imposibles para los pequeños productores y se favorecería a los grandes capitales extranjeros. De hecho, las grandes empresas, sobre todo canadienses y estadounidenses, no han ocultado su interés en México por el tamaño del mercado y por los bajos costes de producción.

Ahora estas multinacionales están atentas a la probable modificación constitucional y legal, presionando a los legisladores para que impulsen una ley a su medida. Y es que cuanto más se tarde en llegar a una decisión, mayores posibilidades existen de que las empresas de marihuana extranjeras inunden el mercado mexicano, dejando fuera a los posibles productores locales.

El retraso podría extenderse hasta las primeras semanas de noviembre. Pero no se sabe a ciencia cierta. Mientras tanto, también hay mucha incertidumbre en la decisión de la Corte Suprema. Tras el nuevo obstáculo legislativo, y si no acepta la prórroga propuesta por el Senado, debería emitir una declaración general de inconstitucionalidad. El asunto entonces se remitiría a uno de los diez ministros, quien deberá elaborar un nuevo proyecto de ley solo sobre los artículos que fueron declarados inconstitucionales. No hay un plazo definido para esto.

Debido a que los legisladores no se han puesto de acuerdo, el proceso de cambiar la ley puede tomar un curso distinto por el camino de la burocracia. Así que tendremos que esperar y ver cómo van las cosas en México.