- Desde su elección como presidente del país, Rodrigo Duterte ha mostrado su apoyo a la despenalización del cannabis terapéutico en Filipinas.
- Sin embargo, esta postura choca de frente con la sangrienta lucha contra las drogas que inició una vez en el poder y que se ha cobrado miles de vidas.
- Por fortuna, un nuevo proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal podría abrir la puerta de la esperanza a un buen número de enfermos.
La implacable guerra contra las drogas iniciada hace un año por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se ha cobrado ya más de 13.000 vidas a manos de policías, la gran mayoría de ellas de adictos o personas dedicadas al tráfico a pequeña escala. La última masacre, una de las más sangrientas, tuvo lugar este verano en la provincia de Bulacán, donde las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de 32 personas en tan solo un día. Según las organizaciones de derechos humanos, existe una total impunidad para los agentes. De hecho, la gran mayoría de las muertes ni siquiera ha sido a manos de la policía uniformada, sino de mercenarios que trabajan para las fuerzas de seguridad.
La mano de hierro del mandatario en sus medidas para evitar el consumo y distribución de algunas sustancias, entre las que se incluye la marihuana, contrasta con el apoyo al cannabis terapéutico que ha mostrado desde que saliera elegido en los comicios de mayo del año pasado. El anuncio de su intención de despenalizar el uso de la planta con fines medicinales lo convirtió en el primer gobernante del continente asiático en apoyar esta idea abiertamente.
El líder filipino justificaba su postura poco antes de la toma de posesión del cargo: "La marihuana terapéutica es un ingrediente más de la medicina moderna, y muchos de los tratamientos que se están desarrollando, e incluso algunos que ya están en el mercado, cuentan con la planta como compuesto". Advertía, no obstante, que no tenía previsto legalizarla y que seguiría aplicando la ley para desincentivar y castigar su uso, algo que se ha encargado de cumplir con creces durante los meses que lleva al mando.
El uso de la marihuana ha sido durante mucho tiempo un secreto a voces en Filipinas, a pesar de las duras penas por posesión de unos pocos gramos, incluyendo hasta 400.000 pesos filipinos (8.000 €) en multas, decenas de penas de prisión y, hasta que fue abolida en 2006, incluso la pena de muerte. Antes de la represión de Duterte, era habitual oler a marihuana en las calles de las grandes ciudades filipinas o pasar junto a un grupo de adolescentes fumando discretamente un porro.
De acuerdo con los cultivadores y la comunidad de defensores de la marihuana, en el país existe una escasez de oferta, mientras que el precio medio de la marihuana cultivada localmente casi se ha triplicado. En las montañas del norte de Luzón, donde los terrenos son fértiles para el cultivo, la marihuana ha estado particularmente extendida. Con el paso de los años, algunas ciudades incluso se convirtieron en destinos turísticos para quienes buscaban consumir la planta. Ahora todo eso ha desaparecido.
La ola de violencia alentada por el presidente desde que llegó al cargo denota una actitud contradictoria. Pese a su declaración de intenciones con el cannabis medicinal, se han seguido aplicando duras sentencias a quienes han sido sorprendidos en posesión de pequeñas cantidades y con fines terapéuticos en sus domicilios, donde reciben la visita de la policía cuando esta sospecha de su actividad.
El uso o tratamiento con marihuana medicinal sigue siendo un riesgo considerable, especialmente en la zona metropolitana de Manila, el área más afectada por las redadas policiales y las ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la guerra contra las drogas. Todo ello a pesar de que incluso la Iglesia católica de Filipinas ha expresado su apoyo al uso medicinal, un hecho que no es baladí, ya que el Gobierno y el pueblo filipino tienen muy en cuenta a la institución.
Pasos en la dirección correcta
Afortunadamente, la situación parece estar un poco más cerca de cambiar para los usuarios de marihuana terapéutica del país asiático. El borrador del proyecto de ley 180 o Ley de Cannabis Médico Compasivo de Filipinas -destinada a garantizar el derecho de acceso a la marihuana medicinal y expandir la investigación sobre sus propiedades medicinales- se aprobó a principios del mes de octubre por unanimidad por el Comité de Salud de la Cámara de Representantes del país. El documento fue admitido a trámite después de pasar diversas y exhaustivas consultas dirigidas a colectivos afectados y expertos, como pacientes, abogados, profesionales de la industria del cannabis y grupos que abogan por la despenalización.
Según ha explicado Rodolfo T. Albano III, responsable de la redacción de la controvertida propuesta y representante del distrito de Isabela (la capital de la provincia de Basilán), el objetivo de esta propuesta legislativa es asegurar el derecho de los pacientes a elegir el tratamiento más beneficioso para su enfermedad, así como la obligación de los médicos a aceptar esta decisión, no sin antes informar de los posibles efectos secundarios del tratamiento.
El congresista, sin embargo, ha dejado claro que la propuesta no contempla los fines recreativos ni se traduce en la total despenalización del uso de la marihuana, de forma que el resto de leyes que penan su consumo, distribución y cultivo seguirán en vigor.
Una red de centros de distribución
La propuesta legislativa recoge los detalles del sistema que permitiría la prescripción y venta a los pacientes que la necesiten. Por un lado, designa a la Agencia de Control de Drogas de Filipinas como el órgano responsable de supervisar la administración de los productos a los enfermos, que deberán recibir una certificación médica que asegure que cumple con los requisitos para acceder al tratamiento.
Para conseguir el permiso, los pacientes deberán entregar al Departamento de Salud (DOH) su historial y toda la documentación avalada por el médico para que sea revisada y el órgano decida si son aptos para la terapia. Los facultativos, por su parte, deberán obtener un certificado de especialización que les permita prescribir marihuana medicinal.
El tratamiento deberá cumplir con una condición relativa al formato en que se suministra la marihuana: según estipula el proyecto de ley, no podrá ser administrada sin procesar, es decir, como alguna parte de la planta o para ser fumada, sino que su consumo solo estaría autorizado en forma de aceite, tabletas, cápsulas u otros formatos que se tomen vía oral.
En cuanto a la red de distribución, estaría formada por una serie de "centros de cannabis medicinal compasivo" ubicados en recintos hospitalarios que podrán iniciar su actividad una vez reciban una autorización por parte del DOH. La licencia les permite "adquirir, poseer, cultivar, fabricar, entregar, transferir, transportar, vender y dispensar cannabis, productos derivados y materiales educativos a los pacientes registrados como cualificados".
Aún habrá que esperar
Aunque ha conseguido mejores resultados que en anteriores ocasiones, esta no es la primera intentona de Albano para sacar adelante una propuesta de ley de despenalización del uso de marihuana medicinal en Filipinas. Ya lo había intentado sin éxito en 2014, cuando la comunidad médica rechazó la iniciativa.
Y aún no puede cantar victoria, pues al actual proyecto le queda un largo camino por recorrer antes de ser aprobado definitivamente. Una vez el Comité de Salud finalice su informe se someterá a un proceso de deliberación para una segunda lectura antes de pasar por una nueva serie de debates, consultas y enmiendas. Solo si supera todos estos pasos se someterá a votación en la Cámara para decidir si se realizará la tercera y última lectura. Pero la última palabra la tendrá el propio Duterte, que podrá dar el visto bueno al documento para que se convierta en ley o vetarlo definitivamente.
De aprobarse, el proyecto de ley permitiría el acceso inmediato a la marihuana a unos 500.000 pacientes que se inscribirían en estudios de investigación y ensayos clínicos dentro del primer año. El proyecto de ley también requeriría una fase de investigación médica antes de que la marihuana se comercialice por completo, lo que podría llevar hasta tres o cuatro años.
A pesar de que los últimos acontecimientos arrojan un poco de luz sobre la situación en Filipinas, una nación dominada por la opresión y la violencia, tanto los usuarios de cannabis del país como los interesados en el panorama internacional deberán esperar para conocer el resultado final de este proceso.
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