El Parlamento italiano debate este lunes sobre legalización del cannabis

La batalla por la legalización del cannabis dio comienzo en Italia en el año 1975, cuando Marco Panella, diputado del Partido Radical, se dejó arrestar voluntariamente por haber fumado un porro en la calle. Firme defensor de la libertad individual y contrario a las políticas represivas, que considera desastrosas e inútiles, comparaba el prohibicionismo italiano del cannabis con la ley seca de los años 20 en los Estados Unidos, con la que el mafioso Al Capone construyó su fortuna.

Han pasado muchos años desde aquel episodio así como muchas otras desobediencias. Por ejemplo, Rita Bernardini, una diputada perteneciente al mismo partido que Panella, el año pasado decidió cultivar en el balcón de su casa unas cincuenta plantas de cannabis. Un gesto provocador con el objetivo de sensibilizar a a la opinión pública sobre el tema.

¿Pero, por qué, desobediencia civil a parte, hace más o menos un año y medio que el tema del cannabis parece extenderse de un medio de comunicación a otro? En este post analizaremos los hitos y hechos más relevantes del tortuoso camino italiano hacia la legalización.

Cambio de ideología

Según los datos obtenidos de las fuerzas del orden, en los años 2013 y 2014 las incautaciones de cannabis y sustancias derivadas de la planta aumentaron en un 120%. Se trata de 147 toneladas, pero según la Dirección Nacional Antimafia (DNA) esta cantidad representa solo entre el 5 y el 10% de lo que realmente se consume. Mientras tanto, en 2014 la Corte Constitucional declaró la ley Fin-Giovanardi inconstitucional, haciendo que volviera a entrar en vigor la ley Iervolino-Vassalli, puesta en marcha en Italia en 1993, provocando una enorme revuelo en el sistema penal y con consecuencias en las cárceles y los tribunales.

De 2006 al 2014, la aplicación de la Fini-Giovanardi no han hecho otra cosa que generar un número altísimo de detenciones, hacinamiento en las cárceles, sobrecarga de trabajo en el sistema judicial italiano y otros muchos problemas socio-económicos que aún hoy se sufren en Italia.

La antigua ley, de hecho, declaraba la guerra a las drogas sin distinción entre del tipo y alcance. Eliminando completamente el uso personal, las penas inflingidas estaban entre los seis y los cuatro años de cárcel también por la simple posesión de pequeñas cantidades de cannabis.

Es evidente que esta ley inconstitucional está entre las causas del hacinamiento de las cárceles italianas. La prueba ha sido el descenso de los detenidos por tenencia y tráfico de estupefacientes, ha pasado de 9000 a casi 5000 personas después de haber derogado las penas de cárcel en los casos más leves, es decir, en la mayoría.

El fracaso de las políticas prohibicionistas y la evidente mejora socio-económica observada tras el cese de la anterior ley, ha generado una serie de estudios e interrogantes por parte del Estado. Y la propia DNA ha empezado a mostrar un cambio de ideología respecto a las políticas antiprohibicionistas aplicadas hasta este momento en Italia. Frente a los resultados obtenidos, los dirigentes de la DNA y algunos parlamentarios han manifestado un cambio de postura sustancial en pro la planta, dando pasos hacia ese proceso de legalización que será debatido, precisamente, este lunes en el Parlamento.

Ideologías confrontadas

Durante cerca de un año, el grupo interparlamentario constituido por diputados de diferentes formaciones con el objetivo de analizar objetivamente la cuestión del cannabis ha salido adelante con audiencias y preguntas en el Parlamento, conferencias y estudios especializados para discutir sobre el tema y encontrar propuestas factibles para aplicar en el sistema nacional.

Desde el momento de su constitución, el número de diputados adheridos a la iniciativa parlamentaria ha crecido pasando de los 60 a los 220. Un factor importante que ha tenido una gran influencia en el cambio ideológico en el seno del Parlamento ha sido seguramente el ejemplo de otros estados que, en el último año han legalizado el cannabis con resultados positivos desde el punto de vista económico y social. Colorado, Uruguay y Canadá (solo por citar algunos) pueden ser ejemplos que ayuden a entender los posibles efectos positivos que la regularización tendría en nuestro país.

El prohibicionismo ha sido declarado por los estudiosos, políticos e incluso fuerzas del orden un sistema fallido, mientras que el uso responsable y regulado se considera la vía adecuada para resolver los problemas sociales y económicos de Italia. Los sondeos recientes hablan de un 73% de ciudadanos italianos conscientes de que Italia debe seguir los pasos de los estados que han aprobado la legalización.

Según Benedetto Della Vedova, promotor del grupo interparlamentario, "el prohibicionismo del cannabis ha traído un aumento de los consumidores, ningún control de la sustancia y del consumo de los menores, recursos de la Policía inútilmente invertidos en reprimir el consumo, tribunales y cárceles bloqueados por procesos y condenas por cannabis y millones de beneficios para la mafia".

En su opinión, el prohibicionismo ha sido "un dramático fracaso" y afirma que "la propuesta se alinea con aquello que está pasando en buena parte del mundo libre, donde la legalización ha reducido drásticamente los daños del prohibicionismo y dado nuevos recursos a las finanzas públicas quitándoselos a la delincuencia que hasta entonces reinaba en el negocio". Este es el mensaje que subyace detrás de la propuesta que los parlamentarios favorables a la legalización presentarán este lunes.

Una posición que defiende en parte también el presidente de la DNA, Franco Roberti, que está de acuerdo con la afirmación de que la legalización eliminará los problemas causados por el mercado ilegal de esta sustancia que hasta ahora enriquece las arcas de las organizaciones criminales nacionales y en consecuencia, de las células terroristas internacionales. Las últimas incautaciones de grandes dosis de hachís y marihuana que se han realizado han revelado una relación económica entre la mafia italiana y los grupos terroristas islamistas. Esto evidencia que también ha habido un cambio en las rutas tradicionales del narcotráfico en el mediterráneo y en el poder de las mismas, que ahora reside en manos de grupos terroristas.

En Italia como en cualquier cuestión de importancia hay opiniones contrastadas y en el seno del proprio Parlamento y de la Justicia hay quien se muestra abiertamente a favor y otros completamente en contra de la introducción de una ley que regule el uso y consumo de cannabis.

Si bien los datos del organismo nacional antimafia hablan claro (como las incautaciones efectuadas), según el fiscal antimafia, Nicola Gratteri, "un estado democrático no se puede permitir el lujo de librelizar algo que provoca daños a la salud de los ciudadanos", añadiendo que "la ganancia que restaría a las mafias es ridícula comparando con lo que la criminalidad consigue del tráfico de cocaína y heroína".

Una parte del Parlamento continua con una actitud de cerrazón: el ministro de Transportes, Marcello Lupi, portavoz del grupo Area Popolare, ha presentado 1300 enmiendas contra la propuesta del ley que será votada el lunes. Aunque es evidente fracaso de las políticas prohibicionistas y los resultados positivos del uso terepáutico y recreacional en los países en los que se ha legalizado, hay quien no coincide con esta forma de pensamiento y se posiciona en contra de la regularización.

¿Qué va a suceder?

El martes se votará cada artículo del texto y no la propuesta en total. Así, cada artículo de la ley podrá ser aprobado o denegado. En la práctica la ley podría pasar pero con modificaciones al texto original. Todos los ojos están puestos en qué pasará con esta ley y es evidente que una legislación inteligente debe estar basada en datos científicos para actuar en consecuencia.

Además, hay que recordar a cuántas personas dañan las políticas represivas e inconstitucionales y las ideologías que no están sustentadas en una base científica objetiva. Primero, todos los pacientes que necesitan tratamientos a base de cannabis, divididos en extrañas leyes regionales que permiten la cura sólo a aquellos que residen en las regiones "afortunadas", dejando a los de las demás en manos de una peligrosa automedicación y de las mafias locales. En estos dos años se han recogido datos, se ha despenalizado el uso y ahora llega el momento de legalizarlo.