- El 10 y 11 de marzo la asociación ‘Pannagh’ se enfrenta en Bilbao a una vista oral cuya resolución puede ser determinante para todo el proceso de normalización de los clubes sociales de cannabis en España. Por eso toda la comunidad de activistas quiere mostrar su apoyo tanto al colectivo como a sus cinco miembros imputados, que se enfrentan a 22 años de prisión y varios millones de euros en fianzas.
#FreePannagh es el 'hashtag' más utilizado por la comunidad cannábica española desde hace algunos días. Su objetivo no es otro que hacer fuerza y mostrar mensajes de apoyo para la asociación vasca 'Pannagh', que mañana se enfrenta a una vista oral para aclarar ante los tribunales el caso que hace poco más de tres años le llevó al cierre y a la imputación de varios de sus miembros.
Su caso es ampliamente conocido, tanto por las implicaciones que esconde como por la notoriedad de los imputados, pioneros en el proceso de instauración y legalización de los CSC en nuestros país. En 2011, la asociación de usuarios de cannabis 'Pannagh' fue intervenida por la policía municipal de Bilbao. Algunos de sus miembros estuvieron varios días detenidos, el local fue cerrado y el juez decidió clausurar la asociación y prohibir cualquier tipo de actividad.
Nos lo cuenta Martín Barriuso, que era presidente de 'Pannagh' y que, desde entonces, es uno de los cinco imputados junto a Igor Gaminde, tesorero, y a la secretaria de la asociación. Los tres son acusados de un delito de tráfico de drogas, para el que les piden penas de 4 años y medio de prisión, y otro de integración en grupo criminal, al que correspondería otro año y medio de condena. Se les ha impuesto una fianza de un millón de euros, y se les han embargado todos sus bienes. A los otros dos acusados, dos socios trabajadores, se le acusa de tráfico de drogas y piden una pena de dos años y multa de 1.000 euros para cada uno.
Los próximos días 10 y 11 de marzo tendrá lugar la vista sobre esta causa en la Audiencia Provincial de Vizcaya, a pesar de que, como declara Barriuso a Dinafem, "el caso tendría que haberse archivado hace tiempo". El activista está seguro de que en el juicio quedará claro que su asociación actuaba de forma lícita, que su cultivo colectivo entre socios era sin ánimo de lucro y que aquello de lo que se les acusa no tiene ningún fundamento.
No es la primera vez que pasan por esto. Y todas las causas anteriores han sido sobreseídas y archivadas en resoluciones judiciales firmes, incluyendo sendos autos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo llegado incluso a serle devuelta la marihuana incautada en dos ocasiones.
Sin embargo, esta vez se pide para cada uno de los tres imputados de la directiva una pena de seis años de cárcel, y dos años para el par de imputados restantes, además de una multa de unos 800.000 euros por cada uno. Esto a pesar de que, como Barriuso asegura, algunas de las cosas que alega el fiscal del caso en el escrito de acusación se han ido desmintiendo a lo largo del procedimiento gracias a la participación de testigos.
Y aunque desde la asociación están seguros de que "no hay caso", hablan con prudencia "porque con los tribunales no se puede estar tranquilo". El presidente afirma que su contabilidad era clara, pagaban impuestos, tenían control de Hacienda y de la Seguridad Social, el dinero que les fue requisado durante la intervención tenía un destino justificado y la marihuana que poseían era la necesaria (ni más ni menos).
Además, todos los socios tuvieron siempre claro cómo funcionaba la asociación. "En realidad hacíamos lo mismo que cientos de asociaciones, pero nos tocó un juez de instrucción duro" que, piensa, les ha tratado de forma discriminatoria. Aunque se ha intervenido en ocasiones a otras asociaciones españolas, esta ha sido la única que ha pasado tres años cerrada.
Entonces, ¿por qué fue intervenida la asociación y acusada de esta manera? Tal vez porque hay sectores que buscan dar mala imagen de la comunidad cannábica, "porque hay gente interesada en que el cannabis no se regule y en que continuemos en un régimen de prohibición", añade Barriuso. O porque en ese momento el club era un referente, porque su presidente era el portavoz de la FAC o porque algunos, como el fiscal antidroga y el juez de instrucción, se han venido posicionando a favor del fiscal, explica el activista.
Por eso y porque su caso podría afectar al resto de la comunidad cannábica, son muchos los particulares, empresas y asociaciones que muestran estos días su apoyo a 'Pannagh' en las redes sociales, y que hacen ver que ni el ánimo ni las ganas de luchar decaen a pesar del tiempo. Y que tienen que estar más vivos que nunca de cara al comienzo de este juicio mañana.
Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) se llama estos días a hacer fuerza en la Red para dar a conocer un caso que "puede sentar un precedente" para todos los que defienden la regulación de la marihuana en España, opina su secretario David Rabé, que añade que "estamos ante los preludios de lo que puede ser una caza de brujas".
La decisión que tome el juez podría acabar con la credibilidad que a base de tiempo y esfuerzo los clubes cannábicos se han ido labrando. Explica Rabé que, al fin y al cabo, 'Pannagh' es la asociación que instauró el modelo de clubes sociales en España, un referente para todo el sector, "y puede ser usada como cabeza de turco".
El expresidente de la asociación, por su parte, siente que, aunque el juez todavía no ha tomado ninguna resolución sobre el caso, algunos de sus integrantes ya han sido condenados de antemano. No sólo tuvieron que echar el cierre, sino que los imputados han perdido el trabajo, les han embargado los bienes, no han podido recibir la indemnización por despido, les han quitado el coche, han tenido que personarse en los juzgados para firmar cada quince días, y los socios cultivadores no han podido cobrar lo que se les debe.
Han tenido que soportar toda una serie de obstáculos "que pueden considerarse ya un castigo", asegura Barriuso. Por eso Rabé dice que es necesario entender que nos encontramos ante un caso muy serio y hay que hacer ver a los compañeros que todos se juegan mucho. De ahí que todo el mundo tenga que involucrarse, poner su granito de arena: "Cuanto más rápido difundamos un mensaje de apoyo, mejor para todos".
Barriuso tiene esperanza y se muestra tranquilo. Sabe que hay otros casos que han llegado a audiencias provinciales y han tenido resoluciones favorables para los clubes. "El nuestro no es otra cosa que una piedra más en el camino". Además, cree firmemente que lo más importante es el cambio que se está produciendo desde hace un tiempo en la opinión pública, ya que ahora el apoyo a la marihuana es "ampliamente mayoritario". Eso es lo que realmente influirá en el futuro de la comunidad cannábica: que la sociedad española ha cambiado, que la gente sabe que "es mejor que haya asociaciones que camellos".
Por eso defiende que esta no es una lucha judicial, sino política, y que es cuestión de tiempo que las cosas sean favorables para quienes defienden la regulación de la marihuana. "Esperamos ganar, que ganemos o perdamos tiene su importancia, pero donde de verdad nos la jugamos es en las instituciones, en el Parlamento, y allí hace tiempo que estamos ganando. El movimiento ya está en marcha y no hay quien lo pare", sentencia el activista.
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Y los demás, ¿qué podemos hacer? De momento, mucho ruido en las redes sociales con el 'hashtag' #FreePannagh. Compártelo. Y, si puedes, acompañar a los miembros de la asociación durante estos dos días en la Audiencia Provincial de Bizkaia (C/Barroeta Aldamar 10, Bilbao), bien sea dentro o fuera de la sala. Los implicados en este proceso, como el resto de socios, amigos y familiares agradecerán el apoyo y el sentirse arropados por todos vosotros en un proceso que puede marcar un precedente importante para todo el colectivo asociativo cannábico. (Lee el comunicado completo de Pannagh en FB, aquí)
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