El Gobierno recurre la ordenanza que regula los clubes cannábicos de San Sebastián

La ordenanza que regula los clubes sociales de cannabis en San Sebastián fue aprobada en el mes de noviembre por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, y entró en vigor hace poco más de una semana. Se trata de una ordenanza pionera y ejemplar en España que se encuentra con su primer obstáculo pocos días después de nacer.

La decisión de recurrir la ordenanza era anunciada pocas horas después de que Francisco Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas (del Ministerio de Sanidad), declarara que la norma invade, a su juicio, competencias estatales en materia de seguridad ciudadana y de coordinación de la sanidad.

Bernardo Soriano, abogado especializado en este campo de S&F Abogados, explica a Dinafem que es posible que esta situación haya surgido con motivo del artículo 8.4 de la ordenanza de San Sebastián que establece que "con carácter general está prohibido transmitir cannabis que no provenga de los procedimientos de abastecimiento del club y fundamentalmente de la producción propia". En otras palabras, la ordenanza da por hecho que el cultivo para el abastecimiento del club es ya legal, "pero desgraciadamente aún no está regulado", comenta. "En realidad San Sebastián sí tiene competencia para regular desde el punto de vista urbanístico, pero ese artículo específico no puede regularlo", explica.

Babín alega que en España constituye un ilícito sembrar, recolectar y distribuir sustancias fiscalizadas, "y lo que la ordenanza pretende regular al entrar en ese terreno es una competencia estatal, no municipal", asegura Babín.

Bildu ha asegurado que, al menos de momento, no ha recibido la impugnación, pero su concejal de bienestar social, Jon Albizu, dice que enviará una copia de la ordenanza a la Abogacía para que "sepa de qué habla". Si se pronuncia respecto a esta cuestión será la primera vez que la Abogacía del Estado interviene por cuestiones de regulación de clubes cannábicos en España.

Explica Soriano que no solo sería la primera vez que intervendría en un tema relacionado con clubes cannábicos, sino que lo estaría haciendo además sobre un asunto de carácter municipal, "porque no podemos olvidar que es una ordenanza dentro de un municipio de España. Es un caso puntual".

Por su parte, el Partido Popular de San Sebastián ha pedido al Gobierno que no recurra la ordenanza alegando su "carácter urbanístico". Ramón Gómez, el portavoz popular en el consistorio de Donosti, ha declarado que esta no es una norma de ámbito sanitario sobre el consumo de cannabis, por tanto no tiene por qué competer al Gobierno del estado. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que es "legal y legítima" por lo que luchará por ella "en todas las instancias judiciales y administrativas". 

Además, el PP de San Sebastián ha trasladado esta cuestión al Ministerio de Sanidad para que analice la situación y hable con el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, aunque aún no ha obtenido respuesta.

Albizu ha asegurado que el equipo de Bildu no ve motivo de preocupación. Saben que la norma es legítima porque fue apoyada por todos los grupos de forma legal y porque tienen los informes jurídicos a su favor. Ha añadido que la intención es regular una realidad, y en ningún caso "banalizar el uso del cannabis". Está seguro de que posicionarse en contra de una ordenanza pionera como la presente es "ir contra los derechos civiles" y cree que el Estado "prefiere el contrabando, el mercado negro y el ostracismo".

¿Qué podría ocurrir ahora? ¿Podrían invalidar la ordenanza? Explica Soriano que primero es necesario conocer el tipo de impugnación que se argumenta y que, en función de ello, ocurrirá una cosa u otra. Cree que podría darse el caso de que con suprimir el artículo 8.4 de la ordenanza fuera suficiente, pero también podría ocurrir que, directamente, se impugnara la ordenanza entera. Sin embargo, "hasta que la Abogacía del Estado no se pronuncie no podemos hacer juicios de valor sobre este asunto".

La ordenanza fue elaborada con ayuda de las asociaciones cannábicas, que agrupadas bajo la Eusfac reivindicaban hace meses que su objetivo no era conseguir 'coffe shops', sino clubes regulados y controlados. Entre otras cosas, regula estos centros desde un punto de vista urbano, impide que estén cerca de colegios y centros de salud, fija un horario de apertura para ellos y restringe el acceso a los menores de 18 años.

Clubes sin ánimo de lucro que únicamente pueden distribuir cannabis entre sus socios para el autoabastecimiento. Una ordenanza que se entiende como un buen camino para dejar a un lado el vacío legal en el que este tipo de clubes se encontraban en San Sebastián (algo que aún ocurre en el resto de España).

Después de las recientes noticias es necesario preguntarse qué pasará con Navarra, que hace pocos días también aprobó una ley foral que regula los colectivos de usuarios de cannabis de la comunidad. ¿Podría ocurrir algo similar en esa comunidad y en cualquier otra (o en cualquier municipio) de España que se anime a aprobar ordenanzas o leyes similares? Soriano cree que puede ocurrir perfectamente y recuerda que Babín incluso ha manifestado que estarán muy atentos, por ejemplo, a la Ley de Adicciones que prepara el Parlamento Vasco, "donde también hay mención expresa al tema de los clubes de cannabis". 

Una ordenanza que dio alegrías a los activistas cannábicos españoles, y especialmente a los vascos, ahora queda a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre ella. Los próximos días serán determinantes para el futuro de los clubes cannábicos de, al menos, San Sebastián.

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Con información adicional de Dinafem.org, Abc.es, Eldiario.es, Elperiodico.com, ccaa.elpais.com