"La única manera de que el futuro sea verde es luchar en el Parlamento"

El sector cannábico español no pasa por sus mejores momentos. A pesar de que, hace dos años, el Tribunal Supremo amparaba a las asociaciones de fumadores bajo la doctrina de consumo compartido, el pasado mes de septiembre dio un paso atrás condenando a algunos miembros de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers por delito contra la salud pública. La sentencia consideraba que el tamaño de la asociación y su estructura excedían "los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente".

No ha sido el único club en sufrir consecuencias similares: el pasado mes de diciembre lo hacían también Three Monkeys y Pannagh, y todo parece indicar que, a pesar de lo que pudiera desearse, las cosas no irán a mejor. "La sentencia de Pannagh es una copia de la de Ebers y todas las que vayan a salir ahora van a ser iguales, todos los clubes van a ser juzgados por la misma vía, excepto casos especiales", explica Helena Echeverri. El Supremo se ha pronunciado de la misma forma en tres ocasiones y su palabra sienta jurisprudencia.

Esta profesional es fundadora de la asesoría jurídica Sativa´s Consulting Abogados, especializada en cannabis, y lleva toda su vida profesional luchando para que quienes quieran consumir puedan hacerlo. La abogada ha analizado para Dinafem la situación actual y lo que posiblemente vaya a ocurrir a partir de ahora con estas asociaciones cannábicas. Algo parece claro: por el momento, los clubes sociales son "absolutamente ilegales" y "ya no tenemos dudas" de que serán condenados todos aquellos que hayan puesto en funcionamiento alguno y que no cumplan con los nuevos requisitos del Alto Tribunal.

"Entre otras cosas, ahora se sabe que no es legal que un club con un gran número de socios cultive marihuana y la dispense. Según Echeverri, estaría permitida la dispensa, pero solo en caso de que la asociación tenga un número muy reducido de socios, de entre 10 y 20 (aunque la cifra exacta debe ser determinado por el legislador) "pero nunca de 50, 100, 500 o 4000"; en caso de que el producto no salga del local (puesto que se corre el riesgo de que entre en contacto con terceras personas); en caso de que en ningún caso los establecimientos estén pensados con el fin de lucrarse, y en caso de que se cumplan todos los requisitos que especifican las sentencias hasta hoy.

En el mismo momento en que en Sativa´s Consulting Abogados tuvieron constancia de la primera sentencia, Echeverri aconsejó a todas las asociaciones que conocía y asesoraba que dejaran de dispensar marihuana "porque si dentro del local había cannabis podían ser condenados". La Policía, dice, tiene ahora muchas asociaciones que vigilar e intervenir, y serán primer objetivo las que hablan de cannabis en sus estatutos y fueron registradas en organismos oficiales.

Sin embargo, si los clubes solo han organizado charlas sobre marihuana, han informado a los consumidores o han ofrecido exposiciones fotográficas (por ejemplo), no encontrarán problemas. Otros que, como el madrileño La Santa Le Club, hayan tenido procedimientos abiertos anteriormente, se les hayan archivado y se les haya devuelto la marihuana podrán alegar un "error de prohibición". Quiere decir que, si anteriormente un juez les ha dado la razón diciendo que su actividad estaba bien hecha, no hay razón por la que ahora lo estén haciendo mal. No obstante, "habrá que mirar cada caso y cada procedimiento".

Dada la delicada situación general, la letrada recomienda que las asociaciones estudien con seriedad si están bien constituidas o no. Después, dice que no deben abrir la puerta a la Policía si el organismo no tiene una orden de entrada y registro. Además, cree prioritario contar con la asesoría de un abogado desde el principio, incluso antes de que aparezcan los problemas. También, que los miembros se hagan analíticas desde el inicio de la actividad para que, en caso de ir a juicio posteriormente, puedan demostrar su condición de consumidores habituales: de ser condenados con sentencia firme a más de 2 años de encarcelamiento, el juez puede decidir que el usuario no ingrese en prisión, a cambio de contar con la prueba de la analítica y de someterse a un tratamiento de "desintoxicación", como lo definen las sentencias.

Un futuro negro

El escenario actual era previsible. Echeverri declara que, antes de estas sentencias, ya había otras que dejaban claro qué podía o no podía hacerse "pero todos preferíamos no darnos por enterados. Sabíamos que el modelo de consumo compartido, que era por lo que estábamos luchando, era muy difícil de cumplir cuando había 4000 socios en una asociación". Ella llevaba años avisando de que no veía el futuro verde sino "muy negro" y asegura que la única manera de cambiarlo es luchar políticamente en el Parlamento y no en el juzgado ni en las audiencias provinciales.

Sin embargo, no confía en ningún partido político. Solo sabe quiénes son los que han apoyado la causa en campaña pero que "Podemos o Ciudadanos lo vayan a cumplir o no se verá después". Dice claramente que el Partido Popular, junto con el PSOE, ha sido quien más "ha perseguido al sector". Por ello los define como enemigos y asegura que mucha gente, aunque quiera cambiar la situación, sigue votando al PP y se olvida de su necesidad cuando se encuentran frente a las urnas.

"Cada vez estamos peor, lo predije hace años", precisamente porque el PP ha actuado de forma represora y ha querido terminar con el consumo de sustancias sancionándolo en vez de hacer políticas "de prevención, despenalización o legalización de la marihuana". Un claro ejemplo es la reciente Ley de Seguridad Ciudadana que no solo sanciona el consumo sino también el cultivo que pueda ser visto por terceros.

Además, pone de ejemplo su trayectoria personal y asegura que, después de toda una vida luchando por un "cambio necesario" que termine con el mercado negro, sabe que el Gobierno no acabará con el consumo de sustancias estupefacientes al igual que la Ley Seca de Estados Unidos no acabó con el de alcohol.

En su opinión, lo peor de todo es que el Partido Popular "sigue pensando que la marihuana es peor que el alcohol" y que cualquiera puede consumirla desde primera hora de la mañana. "Vivimos en un modelo en el que consideramos que el carajillo es estupendo pero fumarte un porro antes de dormir es lo peor porque pasarás a la heroína o te matará neuronas".

Dice que, como abogada penalista, nunca ha visto a nadie cometer un delito violento (como golpear a su pareja o robar) solo por haber consumido cannabis. Sin embargo, ve ese tipo de conductas cada día, derivadas del consumo de alcohol. "Pero si lo ilegalizamos en un país como España, muchas bodegas, que son un 'lobby', se pondrán en contra".

"Hay muchos más intereses en juego y países que, a lo mejor, tienen un PIB muy alto gracias al comercio de hachís. Es una realidad política y geopolítica". Quiere recordar que cada preso cuesta a los contribuyentes alrededor de 69.000 euros, "y la mayoría de los reclusos de este país lo están por delitos contra la salud pública" relacionados con este tipo de productos. Por tanto, el cambio es más necesario que nunca.

Pone de ejemplo al "puritano" Estados Unidos, que ha legalizado la dispensación en algunos estados, un modelo que, tal vez, España debería plantearse seguir, aunque solo sea porque el país norteamericano casi siempre es un referente en cuestiones de progreso. En España los juzgados y tribunales han tomado un camino drástico que solo podrá enderezarse desde las urnas y desde la capacidad crítica de los electores y de quienes formen parte de la comunidad cannábica. Sin embargo, parece que un escenario futuro favorable tardará en llegar, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos políticos.