Duro golpe al activismo cannábico español: El Tribunal Supremo abre la puerta a criminalizar los Clubs Sociales de Cannabis

La operación policial contra la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers se inició en 2011 y el día de la redada, el 14 de noviembre, los agentes incautaron en la sede de la entidad en Deusto distintas cantidades de marihuana. El alto tribunal condena ahora a 5 personas, entre los que se encuentran los responsables de esta asociación vasca, por un delito contra la salud pública, aunque excluye las figuras de asociación ilícita o grupo criminal de las que también se les había acusado.

Así, el Supremo acepta parcialmente el recurso de la Fiscalía a la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia provincial, que hace un año absolvió a los tres directivos y dos socios de Ebers de atentar contra la salud pública porque realizaban un consumo y cultivo de marihuana "compartido" para "alejarse de un mercado negro lleno de riesgos" y sin "ánimo de lucro". El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, anunció entonces que recurriría para que el Supremo entrase en el fondo de la realidad de los clubs de cannabis y sentase un criterio, como así ha ocurrido.

Pero existen muchas más implicaciones. Con esta decisión, el Pleno de los jueces reunidos anuncia que va a revisar su doctrina sobre el autoconsumo del cannabis "para concretar más" lo que se trata de un consumo personal, a pesar de la existencia de un debate jurídico de muchos años -que ahora queda zanjado de golpe y porrazo- sobre el carácter penal de estas asociaciones, lo que también ha permitido en este caso concreto una atenuación de la pena, según reza el acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del alto tribunal. La sentencia, que se redactará y saldrá publicada después del verano, fijará a partir de los puntos que han sido debatidos, una actualización de la doctrina del autoconsumo compartido.

Para la Plataforma Regulación Responsable, que denuncia el electoralismo y el partidismo político del Supremo en un comunicado, esta decisión es un gran varapalo al activismo cannábico y demuestra, una vez más, "la falta de objetividad y la conexión perversa que desgraciadamente mantienen el poder judicial y el ejecutivo, un posicionamiento claramente represivo y vinculado a la posición del gobierno del PP, quien durante todo su mandato ha insistido en intentar criminalizar este movimiento social".

Aunque, según un portavoz oficial del Supremo, esta resolución al ser la primera de este tipo no sentará jurisprudencia, sí creará un peligroso precedente. De hecho, el alto tribunal aún debe pronunciarse sobre al menos otros cuatro recursos contra absoluciones de responsables de clubs de cannabis, entre ellos varios catalanes y el bilbaíno Pannagh, cuya cúpula quedó libre de cargos en abril por la misma sección de la Audiencia provincial vizcaína. Si se dieran dos resoluciones en firme del Supremo en este sentido, una nueva jurisprudencia podría impregnar los autos que los tribunales emitan a partir de ahora. Aunque habría que esperar hasta septiembre para conocer el contenido exacto de la sentencia y valorar la verdadera dimensión que esconde.

Hasta ahora, esa jurisprudencia consideraba que la actividad de los clubes de cannabis resultaba atípica desde un punto de vista penal, porque respeta los parámetros establecidos en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consumo compartido, entendiendo que el consumo realizado con arreglo a los estatutos de una asociación no era constituyente de un delito y tampoco lo era el cultivo si se sitúa en los parámetros de esa doctrina.

Lo que está claro es que El Tribunal Supremo "ha reafirmado con esta sentencia su línea conservadora haciendo una interpretación de la ley totalmente desajustada a la realidad social, al debate jurídico y a la realidad de cientos de asociaciones de personas usuarias que llevan años desarrollando estas actividades y autorregulándose en un contexto de normalidad social", afirman desde la Plataforma Regulación Responsable.

Una tesis que comparte completamente la Eusfac, la Federación Vasca de Cannabis, que por medio de su presidente, Iker del Val, denuncia que se trata de una sentencia política a todas luces. "La situación es ciertamente preocupante, no tanto como por la decisión de la Fiscalía, si no por lo que puede suponer para el resto de asociaciones que van detrás y están en el mismo proceso. Con esto quieren unificar doctrina y entonces las asociaciones entrarían en una situación bastante complicada desde el punto de vista de la alegalidad".

Desde la Eusfac, al igual que desde la Plataforma Regulación Responsable, también apuestan por un cambio legislativo que priorice la salud, el derecho de las personas usuarias y la educación de la ciudadanía para que las fuerzas políticas no rehúyan la realidad y adapten las políticas públicas a las necesidades de las personas, con una reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana por ser anticonstitucionales y por vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

"Se trata de una maniobra totalmente coordinada e impulsada por el Gobierno, la Fiscalía y Plan Nacional de Drogas….así funciona el aparato del estado". Y esconde todas sus ramificaciones en la recién aprobada Ley Mordaza: "está todo conectado y resulta claro que es un ataque político y social hacía todos los colectivos cannábicos de este país", sentencia Iker del Val.