Dispensarios contra productores: una batalla por la libertad y la legalidad del cannabis canadiense

El Gobierno canadiense le ha puesto fecha a la nueva ley que regularizará la venta de marihuana medicinal y recreativa en el país. Su ministra de Sanidad, Jane Philpott, anunció recientemente que en la primavera de 2017 se introducirá la nueva norma que, por la composición actual del Parlamento nacional, debería ser aprobada sin mayores problemas.

Todavía no se conocen los detalles del texto ni las vías por la que el Gobierno planea regular la compraventa de marihuana, pero el anuncio añade más leña al fuego en un conflicto que enfrenta a distintos actores del mundo del cannabis canadiense, los cuales esperan impacientes la llegada de la normativa.

Hace poco, y debido a las expectativas de legalización, ciudades como Toronto han presenciado cómo se abrían un gran número de nuevos dispensarios. En Vancouver, la cifra de estos negocios alcanzan ya los cien, la mayoría de forma evidente y con grandes hojas de marihuana en sus carteles.

La actividad de estos negocios de venta directa al público no es nueva. Durante muchos años, distintos dispensarios han vendido marihuana medicinal a aquellos pacientes con receta, mientras sus dueños, en muchos casos activistas, batallaban por la legalización de la planta.

En equilibrio frágil, y con las autoridades haciendo la vista gorda, estos locales operaban sin grandes problemas legales. Pero el aumento de su número ha levantado preocupaciones entre las fuerzas de la ley y entre aquellos productores que siguen al pie de la letra la actual norma canadiense. Y, según denuncian los dispensarios, estos productores no se han quedado de brazos cruzados, sino que han usado todo su poder político y económico para conseguir que se produzcan detenciones.

Productores legales

El número de compañías autorizadas a vender cannabis medicinal ha aumentado progresivamente desde que el Gobierno conservador del país aprobó en 2014 una norma (Las Regulaciones de la Marihuana con Propósitos Médicos, MMPR por sus siglas en inglés) que reglamentaba la existencia de productores con licencia. Desde entonces, aquellos con el dinero suficiente para lanzarse al negocio de forma regulada y adquirir uno de estos permisos (en su mayoría hombres de negocios con mucho dinero y un interés económico en la planta) se han introducido en el mundo del cannabis. Sin embargo, la venta de la marihuana producida ha de realizarse por correo, con receta de por medio y sin contacto presencial con el cliente, al contrario de cómo funcionan los dispensarios.

Los 27 productores legales actuales, opuestos a que una parte del dinero del cannabis siga escapando a su control y recaiga en los pequeños locales que ignoran la legislación actual, están en pie de guerra con los negocios de venta directa de marihuana, viejos y recién llegados. Y, para desgracia de estos pequeños propietarios, su poder parece haber conseguido parte de sus objetivos: recientemente, las calles de Toronto eran las protagonistas de varias redadas y detenciones. De hecho, la policía arrestó a un total de 90 personas, registró más de 43 locales y presentó un total de 186 cargos criminales contra distintos propietarios de dispensarios. En una rueda de prensa posterior a las redadas en Toronto, el jefe de la policía de la ciudad, Mark Saunders, recordaba que "solo los productores con licencia están autorizados a comercializar marihuana medicinal, de forma segura y regulada".

Los 27 productores legales actuales, opuestos a que una parte del dinero del cannabis siga escapando a su control y recaiga en los pequeños locales que ignoran la legislación actual.

En Vancouver, la otra ciudad con una mayor concentración de estos pequeños locales, distintos negocios que comercializaban cannabis han recibido una carta que ordena su cierre inmediato. Marc Emery, activista por la legalización y dueño de un dispensario que ha recibido la misiva de cierre, ridiculiza la postura que está tomando la administración y señala directamente a los productores. "Los arrestos policiales y la cárcel y un expediente criminal ya no son solo la ley. Ya no se centran únicamente en los criminales para los que se diseñaron. Ahora se han convertido en una práctica colección de normas de negocio que los productores quieren mantener desesperadamente para garantizar un mercado exclusivo", explica.

El famoso activista se muestra indignado con que autoridades y productores defiendan que el cannabis regulado es el único seguro y recuerda que durante años los dispensarios canadienses han comercializado marihuana que ha ayudado a numerosos pacientes sin que se produjera absolutamente ningún problema. De hecho, en su opinión, los pesticidas y productos químicos que emplean los grandes productores deberían ser un mayor motivo de preocupación. "Estos productores dicen que su marihuana es segura y que el millón de canadienses que compran o han comprado en una tienda de cannabis o en un dispensario todos estos años se engañan cuando dicen que son perfectamente felices adquiriendo el producto en uno de estos lugares", añade.

Su esposa, Jodie Emery, periodista de POT.TV y presente en la rueda de prensa que la policía ofreció en Toronto tras las redadas de junio, también acusó directamente a los productores ante las cámaras. "Se trata únicamente de proteger los beneficios corporativos de empresas que han enviado a la policía a arrestar a la gente para preservar su propio interés financiero", reclamó.

A pesar de que ciertos productores califican estas acusaciones por parte del mundo de los dispensarios como 'teorías conspirativas', muchos de estos empresarios con licencia, que gastaron decenas de millones de dólares para convertirse en jugadores legales, no estaban demasiado contentos con que los políticos no hicieran nada para parar la proliferación de nuevos dispensarios en Vancouver y Toronto.

"No nos gusta ver a nadie arrestado… Pero aún así creemos en las normas", afirmó Mark Zekulin, el consejero delegado de Tweed, una compañía con licencia dedicada a la producción de cannabis. Neil Closner, CEO of MedReleaf, un productor licenciado con una instalación de 55.000 metros cuadrados en Markham, también reconoce que no se sintió nada decepcionado cuando la policía pasó a la acción, aunque reclama que no estuvo implicado "de forma directa" en los acontecimientos.

Otro de los productores que no ha mostrado ninguna pena ante las detenciones ha sido Ronan Levy, cofundador de las Canadian Cannabis Clinics, donde médicos especializados recetan marihuana a los pacientes que la necesitan. En su caso, Levy se reunió hace ya un año con un asistente de la Oficina del Alcalde de Toronto, John Tory, para protestar sobre esta expansión verde, incontrolada según su opinión.

"Éramos como los taxistas en el debate sobre Uber. Estábamos haciendo las cosas bien, cumpliendo la ley, trabajando con el departamento de Sanidad de Canadá", explica. "Y ves abrir a más dispensarios. Hacen negocio rápido y ven a más gente en una hora de la que pasa por nuestras clínicas en todo un día", protesta.

El profesor de la Escuela de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York (en Toronto), Alan Young, quien ha trabajado en el área de la reforma del cannabis, cree que, más que desde los productores, la reacción policial viene motivada por la "visibilidad" de los dispensarios. En su opinión, en vez de celebrar los pasos progresivos, el país prefiere mantener las cosas en un perfil tan bajo y discreto como sea posible. Según su punto de vista, y hasta que llegue la norma, las autoridades prefieren que no haya todos esos carteles alrededor de la ciudad. "No querían sentir que habían perdido el control", sentencia.

Con varios meses por delante antes de la llegada de la nueva legislación, dos modelos de negocio totalmente opuestos se enfrentan entre sí. Dinero, poder político y plena legalidad por un lado, frente a libertad, tradición y activismo por el otro, esperan una decisión vital para el futuro de la marihuana en el país mientras se observan recelosos entre ellos, aún incapaces de saber si podrán convivir juntos.