Desmontando mitos sobre la legalización de la marihuana: no es verde todo lo que reluce

Cada vez que se aprueba una nueva ley que permite el consumo de marihuana, medicinal o recreativa, los activistas salen a la calle y la opinión pública a favor del cambio se potencia. Pero, en muchas ocasiones, las normas no son perfectas y vienen acompañadas de puntos negativos y problemas que hacen que la legalización no sea exactamente como sus más firmes defensores la habían imaginado.

Estados Unidos, Canadá y Uruguay son ejemplos de naciones en las que las leyes destinadas a despenalizar y a regular el consumo de cannabis no son un ejemplo tan perfecto como puede parecer. En la nación de las barras y estrellas, en la que algunas regiones como Colorado u Oregón se han convertido en referentes mundiales en cuanto a legalización cannábica, los consumidores, los productores y dispensarios siguen teniendo problemas debido fundamentalmente a dos motivos: las contradicciones con la norma federal y la monetización de la planta verde.

La ley federal estadounidense, la que rige a nivel nacional, sigue afirmando que el uso, posesión, cultivo y transporte de cannabis es ilegal. Además, lo incluye dentro de la categoría I de sustancias prohibidas, equiparándola con productos tan dañinos como la heroína o la cocaína. Estas directrices chocan con lo aprobado por los estados y, en teoría, se encuentran por encima de las decisiones regionales. Es decir, en un conflicto entre una ley federal y la de un estado, la federal prevalecería. Aun así, la decisión no es tan simple, y estos estados viven en relativa tranquilidad en una especie de limbo legal, a la espera de que las tibias promesas sobre el cambio de categoría de la planta se hagan realidad y confiando en que el Gobierno no decida tomar medidas.

Por el momento, la DEA no ha intervenido a gran escala ya que, históricamente, cuando los estados han contradicho al Gobierno federal, este solo ha respondido en aquellos casos en los que afectaba la seguridad nacional o la política internacional. 

Aun así, se han producido episodios de tensión y de persecución. Desde que California legalizó la marihuana medicinal hace 20 años, los dispensarios han tenido una relación complicada con el Gobierno federal que cristalizó en varios registros, especialmente virulentos en 2011, y en la destrucción de plantas, aunque, por norma general, no se han producido arrestos. Por ahora la DEA continua sin dar su brazo a torcer para recalificar el cannabis hacía la Categoría II de sustancias, a la que hipotéticamente pasaría la marihuana, y que incluye otros medicamentos legales comúnmente prescritos como la oxitocina.

Por otra parte, y fruto de esta contradicción legal, en Colorado un empleado fue despedido después de dar positivo por cannabis en un test de la empresa. El trabajador, tetrapléjico, la consumía fuera de las horas de trabajo para combatir los síntomas de su enfermedad, amparado por la ley de su estado. Sin embargo, la compañía basó sus acusaciones en la ley federal y el Tribunal Supremo de Colorado le dio la razón a la empresa, que no tuvo que readmitir o indemnizar al empleado.

Más allá de esta tensión legal que hace que pequeños productores, consumidores y dispensarios se sientan en ocasiones perseguidos y desamparados, también es necesario tener en cuenta el aspecto monetario. La legalización está acompañada, en muchos casos, del afán recaudatorio de los estados, que solo permiten que cultiven marihuana grandes productores. 

Suelen ser recién llegados al mundo del cannabis, atraídos por el sonido del dinero, y pueden pagar licencias millonarias para sacar grandes beneficios. Cultivadores para uso personal y pequeños productores ven cómo sus plantaciones y sus investigaciones con el cannabis siguen estando perseguidas por el sistema, a pesar de su lucha durante décadas por una legalización que, al final, no ha traído pareja la soñada libertad para el autocultivo y que les ha dejado en el mismo lugar que antes. 

El augurio de una ley restrictiva

Por su parte, y con una legislación actual que deja todo en el aire, Canadá está esperando para la primavera de 2017 la aprobación de una nueva norma, fruto de la promesa realizada en campaña por el Gobierno liberal, que se comprometió a abordar la legalización y la legislación sobre la planta. Debido a las expectativas que ha generado el nuevo texto, ciudades como Toronto y Vancouver han visto cómo se abrían un gran número de dispensarios ilegales. Sin embargo, su actividad no es nueva: durante muchos años pequeños productores han vendido marihuana medicinal a pacientes con receta, a pesar de que según la normativa solo los productores con licencia –una vez más, grandes corporaciones– estaban autorizados a comercializarla, solo por correo.

Los 27 productores legales actuales, opuestos a que una parte del dinero del cannabis siga escapando a su control y recaiga en los pequeños locales que ignoran la legislación actual, se han puesto en pie de guerra con los negocios de venta directa de marihuana, viejos y recién llegados, sin distinción. Y, para desgracia de estos pequeños propietarios, su poder parece haber conseguido parte de sus objetivos.

En los últimos meses, alertados por el aumento de estos locales ilegales, las autoridades han comenzado una serie de redadas y detenciones, marcando lo que parece ser la postura de la futura nueva norma: la producción de la marihuana será legal, pero solo para algunas empresas, y el enfoque será fundamentalmente médico. De llegar a confirmarse, será otra victoria parcial que se sumará a la lista de conquistas a medias conseguidas por los activistas de la planta, que tendrán que seguir luchando por el cambio total. 

Y es que, con varios meses por delante antes de la llegada de la nueva legislación, dos filosofías totalmente opuestas se enfrentan entre sí en Canadá: dinero, poder político y plena legalidad por un lado, frente a libertad, tradición y activismo por el otro.

¿Qué está ocurriendo en Uruguay?

Uruguay es otro de los ejemplos. En 2013, el país sudamericano se convertía en el primero en legalizar de forma total la marihuana. Sin embargo, los datos muestran que lo aprobado por ley no es todavía una realidad. A pesar de que el cultivo personal está permitido y que los clubes de cannabis también pueden realizarlo, la necesidad de inscribirse de forma oficial ahuyenta a los pequeños consumidores, que sienten que es una forma de señalarlos. Con solo 2000 nombres en la lista oficial, el sentimiento de desazón ha aumentado con la llegada del nuevo presidente, Tabaré Vázquez, que sugirió la idea de usarla para "rehabilitarlos". 

La venta en farmacias, uno de los puntos más ambiciosos del proyecto del entonces presidente José Mujica y que pretendía ser una forma de bajar los precios y de luchar contra el mercado negro, también está teniendo problemas. Aunque después de mucha espera dos compañías han conseguido las licencias para producirlo, solo 50 farmacias de todo el país se han inscrito en el plan. Según el Ejecutivo son suficientes para un programa piloto, pero si las reticencias de los farmacéuticos no desaparecen, podrían suponer un gran escollo en el acceso legal al cannabis en el país sudamericano.

En muchos casos, la aprobación de leyes referentes a la marihuana son solo una victoria parcial en la que la influencia de las grandes empresas y el deseo de hacer caja de los Estados terminan por imponerse a las libertades de los pequeños consumidores. Aun siendo un gran primer paso, muchos activistas continúan la lucha para que un día los amantes del cannabis puedan cultivarlo y disfrutarlo de una forma verdaderamente libre.