El debate político en torno al cannabis resurge en España

El consumo de cannabis ha credido en España: cerca del 10 % de la población asegura haber fumado marihuana en el último mes, mientras que algo más del 2 % dice que lo hace a diario. Aunque cada vez son más las personas que disfrutan del cannabis por ocio o la usan para paliar los síntomas de alguna enfermedad (como las náuseas y el dolor), aún no se han producido cambios a nivel legislativo que permitan a los usuarios hacer un consumo libre de represalias y despenalicen, al fin, su venta y producción.

A la inestable situación jurídica del autocultivo que reina en nuestro país hay que sumarle, además, las fuertes restricciones y sanciones que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana –más conocida como ley mordaza– impone al consumo público desde su aprobación. Según datos del Ministerio del Interior de 2016, el Estado interpuso un total de 189.947 multas a los ciudadanos en 18 meses de ley mordaza por tenencia de drogas, especialmente marihuana y hachís, recaudando más de 93 millones de euros por este concepto. 

Sin embargo, como señalaban desde la plataforma Regulación Responsable hace unos días, "nunca habíamos estado tan cerca de una regulación" para el cannabis en España. Estas declaraciones se producían con motivo de la celebración de la 'ManiFiestaAcción', una iniciativa para reclamar esta legitimación del uso de la marihuana y a la que acudieron militantes de partidos como Ahora Madrid, Ciudadanos y Podemos.

El papel del pueblo y las iniciativas nacionales

El apoyo de estas formaciones es solo uno de los últimos signos de que el cannabis ha entrado en el debate político. Desde principios de año, se han observado distintos movimientos en pro de la regulación tanto de tipo popular como por parte de ciertas formaciones a nivel nacional y, sobre todo, autonómico. 

Una de las primeras novedades de este año vino de la mano del partido político Representación Cannábica de Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Knabikoa (RCN-NOK), un grupo joven y participativo fundado en el 2006 y que en 2014 difundió la iniciativa legislativa popular Tu Papel Importa por la regulación del cannabis. A pesar de que en aquella ocasión resultó descartada en el Parlamento navarro debido al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno, el movimiento volvió a presentarla a finales del año pasado, esta vez a nivel estatal.

Después de semanas de cábalas, la Mesa del Congreso dio luz verde a la propuesta el pasado mes de febrero. A partir de ahora, su aprobación definitiva depende de la recogida del medio millón de firmas necesarias, para lo que sus responsables cuentan con un plazo de nueve meses. De lograr el objetivo, la propuesta será debatida en la Cámara Baja. 

También en febrero, Ciudadanos presentaba en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para regular el uso terapéutico del cannabis, facilitar el acceso a los tratamientos con sus derivados bajo supervisión médica y normativizar el cultivo y la venta de marihuana medicinal. La iniciativa, respaldada por el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, fue debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde se acordó la formación de una subcomisión para estudiar la idoneidad de la posible normativa.

Pese a que las PNL carecen de carácter legislativo (se las considera propuestas no vinculantes), este tipo de documentos sirve para avivar debates en el seno del Gobierno e instar al Ejecutivo a realizar acciones concretas y formar una opinión mayoritaria en las Cortes para allanar el terreno a futuras actuaciones por parte de la Administración.

Reacciones a la propuesta de Ciudadanos

Aquella propuesta de la formación naranja contaba con precedentes, como la PNL que Esquerra Republicana de Cataluña (ERN) presentó en el Congreso de los Diputados en diciembre del año pasado. Era la segunda vez que esta agrupación llevaba a la Cámara la iniciativa, que planteaba la legalización del cultivo, la tenencia, el consumo y la venta de marihuana y la revisión de las sanciones aplicadas a las asociaciones cannábicas.

La reacción de los distintos partidos al proyecto de Ciudadanos trajo algunas sorpresas, en especial la del Partido Popular, que en contra de todo pronóstico no se interpuso al debate de la iniciativa, aunque tampoco manifestó ninguna postura clara frente al debate, al igual que otras agrupaciones conservadoras como el PNV.

Sin embargo, en el Partido Socialista se oyeron algunas voces que hablaban de la posibilidad de regular el uso medicinal de la marihuana. En concreto, la del portavoz de Sanidad en el Congreso, Jesús María Fernández, que ha anunciado que el PSOE también planeaba redactar su propio documento para analizar la regulación del consumo de cannabis, tanto con fines recreativos como medicinales.

ERC y Unidos Podemos recibieron con los brazos abiertos la iniciativa promovida por los de Albert Rivera. El grupo morado fue incluso un poco más allá, presentando un mes después ante el Senado su propia PNL sobre regulación integral del cannabis. El documento está respaldado por la plataforma Regulación Responsable y cuenta con el asesoramiento de Araceli Manjón, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. También lo apoyan desde el Círculo Podemos Cannábico y la Federación de Asociaciones Cannábicas. 

En este caso, la propuesta, que será debatida por una comisión mixta, no solo aboga por la regulación del cannabis terapéutico, sino también por la normalización de su uso recreativo, dos temas complementarios que sus impulsores quieren llevar a los foros de debate político. El partido de Pablo Iglesias plantea, además, un nuevo enfoque basado en las estrategias seguidas en otros países como Uruguay, Países Bajos y Canadá, que deja a un lado las políticas prohibicionistas y restrictivas.

Las comunidades también tienen algo que decir

El siguiente en anunciar un proyecto de este tipo ha sido el Parlamento de Cantabria. En pleno y por unanimidad de todos los partidos (incluido el PP), aprobaba en marzo la presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno a regular el cannabis terapéutico y a diseñar un marco normativo que garantice la seguridad de los pacientes. 

La formación azul sorprendió de nuevo, pues uno de los principales defensores de la iniciativa fue el portavoz de los populares en el Parlamento cántabro, Eduardo Van den Eynde, quien aseguraba poco después que él mismo consume marihuana medicinal para aliviar los síntomas del cáncer que padece y los desagradables efectos de la quimioterapia. 

Pero Cantabria no está sola; el mes de abril ha traído consigo las voces de grupos parlamentarios de diferentes autonomías. En Canarias, los portavoces del Grupo Socialista Canario, Coalición Canaria, Nueva Canarias, del Grupo Mixto y Podemos en el Parlamento regional firmaron una PNL para pedir al Gobierno que regule el uso medicinal de los cannabinoides de origen natural y tome las medidas necesarias para acabar con la inseguridad jurídica en la que se encuentran los usuarios y los clubes de cannabis.

La dimensión social del consumo organizado de cannabis en Canarias no es asunto baladí. Existen hasta 138 clubes ya registrados, cada uno de los cuales tienen entre 200 y 700 socios; y se estima que pueden sumar al menos a unos 35.000 consumidores asociados en el archipiélago. 

Unidos Podemos, dispuestos a tirar del carro autonómico

En Andalucía, Podemos registró el mismo mes una PNL para reclamar a la Junta el desarrollo de una normativa sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana, así como la producción y cultivo de la planta. También pedía a este organismo que inste al Gobierno central para que haga lo mismo a nivel nacional. La formación morada aseguraba que estas medidas contribuirían a acabar con los mercados ilegales y que las conclusiones científicas alcanzadas en diversos campos médicos resaltan los efectos beneficiosos que esta planta tiene en la salud humana.

El brazo madrileño de Podemos presentaba también una PNL en abril. La iniciativa tenía como base el documento que Unidos Podemos llevó en marzo al Senado y hace referencia al resto de PNL presentadas en las diferentes comunidades hasta la fecha.

Otras comunidades ya tienen su propia legislación sobre cannabis y su consumo en clubs sociales, como Navarra (la primera, en 2014) y el País Vasco, donde aún tienen que lidiar con algunas trabas del Gobierno central en forma de recursos de inconstitucionalidad. Cataluña, la comunidad con más clubes de cannabis del país, también elabora desde el año pasado su propia normativa.

Lamentablemente, las autonomías no tienen competencias para legalizar el uso de la marihuana, aunque sus acciones allanan el camino impulsando leyes parciales que permitan consumirla con fines terapéuticos o regulen la situación de los clubes de cannabis. Sus medidas, aumentan, además, la presión sobre el Ejecutivo, que de una forma u otra tendrá que abordar el tema y posicionarse ante un tema de interés social que no pueden ignorar por mucho más tiempo.