Clubes sociales de cannabis en España: más de veinte años de historia

Puede decirse que los clubes sociales de cannabis en España hicieron su aparición formal en 2001, de la mano del Club de Catadores de Cannabis de Barcelona. Desde entonces, miles de españoles se abastecen de forma legal de marihuana y ejercen control sobre la calidad de la planta. El número de estos clubes ha ido creciendo en el tiempo, así como la lucha por regularlos y permitir que sus usuarios disfruten de las ventajas de pertenecer a estas asociaciones cannábicas. Sin embargo, la lucha por esos clubes y por ese activismo se remonta a mucho antes, hasta el año 1993, de la mano de la asociación ARSEC, en Barcelona.

Esta asociación catalana quería poner fin a la prohibición de consumir en lugares públicos, pero también quería acabar con la inseguridad jurídica del cultivo y encontrar una manera para autoabastecerse de forma legal. Por eso desde ARSEC se envió una carta a la Fiscalía Antidroga para preguntar si el cultivo de cannabis para consumo personal entre un grupo de usuarios adultos constituiría algún delito. La respuesta fue clara: esa no podría considerarse una conducta delictiva.

Con la respuesta en su mano, esta agrupación decidió plantar marihuana destinada al autoabastecimiento de 100 personas. Sin embargo, la plantación fue incautada. Después, la Audiencia Provincial absolvió a los responsables y, posteriormente, el caso fue recurrido ante el Supremo.

Siguiendo el ejemplo, otra asociación, Kalamudia (de Bilbao), hizo en 1997 otra plantación de 600 plantas destinadas a 200 personas siguiendo el eslogan propuesto por la Coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis que decía "Contra la prohibición me planto". La plantación de Bilbao, aunque contaba con el apoyo de parlamentarios regionales y concejales de varios partidos políticos, tuvo que ser recogida poco después (aunque sin consecuencias legales).

Fue por aquel entonces cuando se cerraría, también, el caso de ARSEC con una condena de prisión que quedó suspendida y algunas sanciones económicas a los directivos. Una sentencia que, según explica en un informe Martín Barriuso, antiguo presidente de la FAC, "tenía un claro tinte político y contradecía la jurisprudencia" del Tribunal Supremo. Dos años después, la asociación vasca decidió seguir el camino de la desobediencia y repetir su plantación.

Esto, a pesar de las contradicciones legales, hizo que otros grupos siguieran el mismo camino, e incluso que el gobierno regional de Andalucía encargara un informe jurídico sobre la posibilidad de impulsar establecimientos donde obtener cannabis de forma legal. Según explica Martín Barriuso en documentación aportada por la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), el informe desarrollado por Juan Muñoz y Susana Soto, del Instituto Andaluz de Criminología, ambos profesores de Derecho Penal por aquel entonces, "puso en 1999 las primeras piedras de lo que ahora se considera una brecha para la normalización de la marihuana".

Ambos llegaron a la conclusión de que, en España, se podrían abrir establecimientos donde producir cannabis u otras plantas para uso propio siempre que lo hiciera un grupo concreto de personas, mayores de edad, previamente consumidores; que la sustancia obtenida se destinara a uso personal y que no hubiera beneficio económico. Argumentaban que, en España, no era posible un modelo de 'coffee shop' a la holandesa, pero sí eran posibles centros restringidos a fumadores de marihuana, que no serían abiertos indiscriminadamente al público.

Por otro lado, muchas asociaciones que se hacían llamar "de estudio del cannabis" empezaron a denominarse "de personas usuarias de cannabis", y comenzaron a mencionar en sus estatutos la posibilidad de crear espacios privados para el consumo y el cultivo social. En 2001, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB) fue pionero entre los clubes españoles en este sentido.

Con el tiempo, el informe andaluz y las sentencias dictadas hasta el momento sirvieron para ir sentando la base a posteriores resoluciones judiciales que empezaron a considerar legales los cultivos de algunos clubes cannábicos. Sin embargo, en 2005, cuatro miembros de la Asociación Pannagh – todo un referente para los usuarios españoles - fueron detenidos y su cultivo incautado. Su caso fue archivado y el cultivo de algo más de 17 kg fue devuelto a sus miembros (una decisión sin precedentes).

Pero la historia de los clubes cannábicos en España ha tenido episodios muy oscuros. La propia asociación Pannagh volvió a ser intervenida en 2011. Varios de sus miembros fueron detenidos, entre ellos el propio Martin Barriuso, por aquel entonces presidente de este club, y la asociación tuvo que echar el cierre. Hasta hace bien poco algunos de sus miembros seguían imputados, hasta su absolución por parte de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Un nuevo triunfo (a pesar de los malos momentos vividos) para el activismo cannábico, pero que todavía tendrá que pasar la última prueba con un recurso presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.

Un poco antes de lo sucedido con Pannagh, en diciembre de 2010, el modelo de Clubes Sociales de Cannabis fue presentado en el Parlamento Europeo ante responsables de la Unidad Antidroga de la Comisión Europea. Desde entonces, la lucha por la regulación ha sido más activa que nunca y ya son varios sus triunfos en España.

En 2014 el número de asociaciones cannábicas en toda España ascendía a 600. A mediados de mayo el debate comenzó a ser intenso y el parlamento navarro acababa de admitir a trámite una iniciativa popular para regular estas asociaciones y la ley para esa regulación era aprobada en diciembre.

En el País Vasco, San Sebastián también se unía al movimiento de una forma destacada, en gran parte gracias a la labor de activistas como Iker Val, presidente de la EUSFAC (La Federación de Asociaciones de usuarios de cannabis del País Vasco) y coordinador de Ganjazz ArtClub, uno de los CSC pioneros de la ciudad, con más de una década de existencia. Con el objetivo de reducir los riesgos derivados del acceso a la marihuana, el ayuntamiento donostiarra también se convertía en pionero al aprobar una ordenanza para controlar y gestionar los clubes. Una ordenanza que, sin embargo, fue recurrida por el Gobierno del País Vasco. Incluso en Cataluña, Girona se convertía en la primera ciudad en aprobar una ordenanza municipal similar.

Pocos días después de que se conociera la gran noticia de la absolución de Pannagh, su caso se convirtió en un motivo de optimismo para los activistas cannábicos y en el camino para seguir luchando, sin miedo, y dar visibilidad a su causa. También, para que la regulación de los clubes de usuarios sea efectiva y, todos, en cualquier parte de España, superen el vacío legal al que tienen que hacer frente a estas alturas, después de tanto camino recorrido.

No obstante, las últimas noticias que llegan en este ámbito son poco alentadoras. El caso de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo de Ebers es conocido después de que en noviembre de 2011 agentes policiales incautaran varios kilos de marihuana durante una redada en su sede de Deusto tras la que el Ministerio Fiscal solicitó varios años de prisión para sus directivos, así como multas económicas. Más tarde, la Audiencia Provincial de Vizcaya absolvió al club al considerar que no había ánimo de lucro en su actividad.

Sin embargo, este mes de julio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España aceptaba el recurso que la Fiscalía había presentado contra dicha sentencia, y condenaba a cinco de sus socios por un delito contra la salud pública. Quedaban fuera de la sentencia otras acusaciones, como la de asociación ilícita, aunque la decisión supone de la misma manera un duro golpe a todo el activismo cannábico, al criminalizar a las asociaciones, pudiendo condicionar de esta manera las próximas decisiones judiciales y el futuro de este tipo de grupos de consumo.