El cannabis llega al G-7: ¿Qué está pasando en Canadá?

Que Justin Trudeau es un gobernante atípico no es ninguna noticia. Su aspecto de modelo de ropa interior masculina, su pasado de boxeador y sus formas le alejan del tipo de político gris al que estamos acostumbrados. Lo reseñable, en plena era del marketing político y el postureo, es que las diferencias de Trudeau con la vieja política no sólo se quedan en el envoltorio o en anecdóticas medidas sino que van muy al fondo. Trudeau ha heredado de su padre, el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau, el afán reformador y se ha propuesto convertir a Canadá en el país en el que a él le gustaría vivir. De verdad y con todas las consecuencias. Sin alardes demagógicos ni imposturas, el primer ministro canadiense, que llegó al cargo el pasado mes de octubre, está demostrando de qué va eso –de verdad- de hacer nueva política. Y, además, a juzgar por los elevados índices de popularidad de él y su Gobierno, parece que a los canadienses también les apetece vivir en ese país.

Por ello, a nadie le puede sorprender que el pasado 20 de abril, casualmente fecha señalada para el mundo cannábico, la ministra de Salud canadiense, Jane Philpott, anunciara que su Ejecutivo ya está trabajando para que en primavera de 2017 el consumo de marihuana tanto recreacional como terapéutico sea legal. El marco elegido para el anuncio fue tan significativo como la fecha, ya que Philpott se encontraba en Nueva York, asistiendo a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el tema de las drogas.

La sesión venía precedida por dos realizadas en 1998 y en 2009, respectivamente, y tuvo lugar a petición de varios estados latinoamericanos encabezados por Colombia y México, con el objetivo de revisar la política internacional en materia de drogas y hacerla más realista. Ya hace cuatro años que este grupo de países, que llevan décadas sufriendo las terribles consecuencias del narcotráfico y la guerra contra las drogas, planteó la necesidad de cambiar el enfoque represivo en vigor desde el año 1971, impuesto por la administración de Richard Nixon, por otro más preventivo.

La Asamblea finalmente no consiguió su objetivo de revisar a fondo la política internacional en materia de drogas y los países asistentes se limitaron a firmar un documento de mínimos aprobado un mes antes en Viena. Sin embargo, sí sirvió como escenario para que dirigentes de algunos países mostraran su postura favorable a medidas innovadoras que rompen con el status quo hasta ahora vigente. Entre ellos, México, cuyo presidente, Enrique Peña Nieto, aprovechó su presencia en Nueva York para anunciar que su país legalizará el uso terapéutico de la marihuana y que, además, aumentará la cantidad que se permite legalmente para consumo propio. Y, por supuesto, fue el lugar elegido por Canadá para anunciar el inicio de su propio camino hacia la legalidad integral del consumo de cannabis.

Programa de cannabis medicinal

Justin Trudeau dejó claro durante su campaña electoral que la legalización de la marihuana iba a ser una de las medidas que tomaría en caso de llegar al poder, así que el anuncio de su ministra no deja de ser la confirmación de que las promesas electorales iban en serio. Por el momento, las medidas y las formas en las que esta legalización tomará cuerpo, aún son imprecisas, pero Philpott dejó muy claro en su comparecencia que, por supuesto, la marihuana se mantendrá completamente fuera del alcance de los menores y que uno de los objetivos es que las organizaciones criminales no puedan lucrarse con la venta del cannabis. Gracias a la mayoría que el Partido Liberal ostenta en el Parlamento canadiense todo apunta a que la nueva legislación saldrá adelante sin problemas.

La regulación del consumo de marihuana para fines terapéuticos no es una novedad en Canadá. Al contrario. Si bien se han ido realizando cambios sustanciales, hace ya más de 15 años, en 2001, que el país fue el primero del mundo en establecer un programa dirigido por el Gobierno para producir y proveer de marihuana a los enfermos crónicos o terminales que solicitaran permiso al ministerio de Sanidad. Si en 2002 había 500 personas adscritas al programa, para 2012 el número había crecido hasta las 26.000.

A finales de 2013 el Gobierno conservador presidido por Stephen Harper anunció un importante cambio en la regulación del acceso al cannabis con fines medicinales para evitar "los abusos" detectados. Por una parte, el Estado dejaba de producir la marihuana y abría el mercado a empresas privadas, eso sí, estableciendo estrictos requisitos de seguridad que incluían la prohibición del autocultivo casero de la marihuana. Por otra, se eliminaba la necesidad de solicitar autorización al ministerio de Sanidad y se dejaba en manos de los médicos la posibilidad de firmar un documento similar a una receta con la que los pacientes podían comprar la cantidad prescrita siempre a un proveedor autorizado.

La nueva legislación se puso en marcha en marzo de 2014 y, si bien abrió la veda para las empresas privadas deseosas de hincar el diente en el suculento sector cannábico, supuso un duro golpe para los usuarios que cultivaban su propia marihuana. Un grupo de autocultivadores llevó el caso a los tribunales, alegando que la nueva ley suponía una violación de sus derechos constitucionales. El pasado mes de febrero el Tribunal Federal falló a su favor, obligando a modificar la ley actual para que el autocultivo vuelva a ser legal.

Disminución de la criminalidad

Ante este escenario, se entiende que los canadienses perciban la legalización de la marihuana como algo normal y no como un problema. De hecho, casi un 70% de la población está a favor de su despenalización. Como muestra un botón. Cuando estaba en la oposición, Trudeau reconoció haber consumido marihuana en algunas ocasiones, hecho que el Partido Conservador intentó utilizar en su contra sin que esto alterara un ápice sus índices de popularidad.

Los canadienses viven la regulación de la marihuana con normalidad y no parece que relacionen su uso con marginalidad. Más bien al contrario, la percepción es que la legalización de la marihuana traerá consigo un descenso de los problemas asociados al mercado negro, tal y como se extrae de las declaraciones del ex jefe de Policía de Toronto Bill Blair, miembro del Parlamento, que se ha pronunciado a favor de que la marihuana empiece a ser tratada como el alcohol u otras sustancias, de forma que "controlaremos a quién se vende, cuándo y cómo. Así el crimen organizado no tendrá la oportunidad de lucrarse con ello". 

Aunque haya quien vea la primavera de 2017 como una meta lejana, paradójicamente, el hecho de que el Gobierno canadiense no se haya precipitado a la hora de legalizar de un día para otro el consumo recreacional de marihuana es una muestra de que la cosa va en serio. Regular el mercado cannábico de manera integral en uno de los países más ricos del mundo tiene un impacto social, económico e incluso filosófico –a nivel mundial- que requiere de una reflexión y trabajo profundos previos para que el funcionamiento sea el correcto. Desde el punto de vista interno, en Canadá se va a poner en marcha una nueva industria cuya mayor parte hasta ahora se ha desarrollado en la clandestinidad y que gira en torno a una sustancia que, al igual que el alcohol y el tabaco, no es inocua y debe consumirse con responsabilidad. Por ello, debe estudiarse cuidadosamente cuál va a ser el modelo que va a marcar las medidas que se tomarán en materia de protección de los menores y seguridad de los consumidores, fiscalidad y regulación del autocultivo, entre otras.

Por si fuera poco, el hecho de que un país de la importancia de Canadá legalice la marihuana lanza un potente mensaje a la esfera internacional, marcada por las políticas prohibicionistas de la mayor parte de sus iguales. Entre otras cosas, el Gobierno de Trudeau se enfrenta al reto de conciliar la nueva legislación con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, que lleva vigente desde 1961. Este documento, promovido por EEUU, tenía como objetivo fijar un sistema de fiscalización unificado y universal sobre drogas con la meta de eliminar el consumo tradicional de opio en un plazo de 15 años y el de la coca y cannabis en un plazo de 25 años. Si bien parece que dentro de la ONU se está produciendo gradualmente un cambio de postura respecto a cómo abordar la cuestión de las drogas, aún, como se escenificó en la convención del pasado 20 de abril, queda camino por recorrer.

En cualquier caso, Justin Trudeau y su Gobierno están sentando las bases de lo que podría ser el futuro más cercano de la industria cannábica, marcado por la legalidad y el consumo responsable, en un entorno de normalidad. Desde el punto de vista estético, además, se lanza un potente mensaje que ahonda en la misma idea: sí, se puede defender la legalidad del cannabis con un traje de chaqueta, sin ser consumidor habitual, codeándote con los dirigentes más poderosos del mundo y, además, dando lecciones de computación cuántica para dummies. ¿Es o no esto nueva política?