Ante la inactividad estatal, las autonomías españolas mueven ficha en la legislación del cannabis

Las legislaciones cannábicas avanzan en medio mundo, y son muchos los que desean que España no se quede estancada por el inmovilismo de los partidos en el poder central. Han sido las autonomías las que, desde hace años, han decidido tomar cartas en el asunto y empezar a legislar en favor de la planta. La última buena noticia ha llegado desde el Parlamento navarro. El pasado 12 de abril aprobaba la toma en consideración de una iniciativa reguladora de usuarios de cannabis que pretende llevarse hasta el Congreso de los Diputados para su debate. Así, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, que cuentan con 33 de los 50 representantes en la cámara navarra, esta propuesta ha salido adelante con el firme objetivo de configurar un espacio legal a nivel estatal para los consumidores cannábicos.

Aunque todavía debe ser aprobado definitivamente en pleno para que salga del Parlamento navarro, y la Mesa del Congreso admitirla a trámite para que se debata en la Cámara Baja, se trata, sin duda, de una muestra de que el cannabis necesita con urgencia un marco legislativo favorable en España. Así pues, con esta proposición de ley se busca establecer unas normas generales y claras para el autocultivo y "la constitución, organización y funcionamiento de las personas y asociaciones consumidoras". Con ello pretenden "evitar la inseguridad física y jurídica derivada de la ausencia de un marco normativo claro y coherente a nivel estatal", argumentan desde el Parlamento navarro.

Puntos claves de esta proposición de ley

Así, esta propuesta expone que las asociaciones cannábicas se rijan por la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación, permitiendo así que se establezca su registro en cada comunidad autónoma. Además, contempla que cada asociación tenga un registro de socios, todos ellos mayores de edad, que también sirva para controlar los consumos. Asimismo, cada asociado deberá justificar que es consumidor antes de registrarse en el club y se comprometerá a que no realizará ningún uso ilícito o irresponsable del cannabis. Con ello se pretende evitar la reventa en el mercado negro o el acceso a menores.

Además, la misma iniciativa legislativa estipula que cada club lleve un control exhaustivo del cannabis que allí se ofrece. De este modo, se plantea la creación de un libro de programación y resultados de autoabastecimiento donde figuren desde las técnicas empleadas hasta las fechas y las cantidades recolectadas y aptas para el consumo.

 

De igual modo, esta propuesta pretende regular el autocultivo, en un limbo legal en la actual legislación española. Con ella estará permitida la plantación propia, no accesible ni visible al público, de hasta 4 metros cuadrados en interior y de ocho plantas en exterior. Estas plantaciones podrán pertenecer a una sola persona o a un grupo, y en ningún caso su extensión deberá superar a la necesaria para el consumo de 10 gramos por persona y día. Además, para que sea legal, todos estos cultivos deberán estar registrados por la administración pertinente, que, según la propia iniciativa, podrían ser entes autonómicos y locales.

La propuesta expone que las asociaciones cannábicas se rijan por la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación

De acuerdo a los creadores de este proyecto, los partidos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, este es un momento oportuno para conducir el cannabis al Congreso, "dado que varios de los partidos de ámbito estatal llevaron en sus programas electorales la necesidad de regular este asunto". Además, si la iniciativa sale adelante, contemplan que el Gobierno de España cree una mesa de seguimiento y desarrollo de la norma, con el fin de evaluar su aplicación.

Sin embargo, a pesar del positivismo de sus impulsores, el panorama no es el más halagüeño para las leyes cannábicas que impulsan las comunidades autónomas.

La paralización de los órganos estatales

Los mismos navarros han visto cómo su ley reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis fue anulada por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Su argumentación se centró en que la normativa invadía competencias estatales. Ahora, la misma región busca llamar la atención de los partidos estatales para que sea el Congreso quien regule estos clubes cannábicos y así evitar que cualquier norma autonómica se tumbe por no ajustarse a las competencias establecidas.

 

Aunque los navarros no han sido los únicos que han padecido prohibiciones impuestas desde órganos superiores. La ley autonómica catalana de clubes de cannabis lleva suspendida desde finales de 2017 a la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión sobre ella. En la norma, una de las más avanzadas de Europa, se legalizaban estas asociaciones y se autorizaba a consumir un máximo mensual en 60 gramos de cannabis por asociado, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica.

Sin embargo, las últimas novedades legislativas llegaron a finales de marzo, cuando se publicó en el BOE que la suspensión permanecía. Es difícil estimar cuándo dará una respuesta, teniendo en cuenta que el alto tribunal ha tenido retrasos de hasta 14 años en procesos de inconstitucionalidad sobre leyes, como ocurrió contra la Ley de Deporte del País Vasco (presentado el recurso por el gobierno de Aznar en 1998 y resuelto en 2012).

La ley autonómica catalana de clubes de cannabis lleva suspendida desde finales de 2017 a la espera de que el TC se decida

En el caso de la norma catalana, el recurso se acordó en reunión del Consejo de Ministros en octubre del año pasado y, en diciembre, se admitió a trámite por el Constitucional. Así que la espera, según los tiempos del alto tribunal, todavía puede ser larga. Mientras tanto, algunos clubes catalanes aseguran que siguen con su actividad normal y sin plantear ninguna acción activista. Por ello, que estas asociaciones continúen en un limbo legal no les supone, parece, mayor problema.

En la argumentación del recurso, el Gobierno español explica que la ley se inmiscuye en cuestiones de ámbito estatal como son las competencias de normativa penal, así como en materia de sanidad general, seguridad pública y relaciones internacionales, que incluso atañen a convenios internacionales regulados por España.

El caso vasco

Aunque no todo lo que llega desde el Tribunal Constitucional son malas noticias. En marzo de este mismo año, el órgano dictaminó que la ley vasca de Atención Integral a las Adicciones y Drogodependencia no invadía competencias del Estado en lo relativo a su regulación de los clubes de consumidores de cannabis. Esto se debe, según argumenta el alto tribunal, a que el texto no regula estas asociaciones, sino que "se limita a darle funciones de colaboración con la Administración".

De este modo, el texto recoge que son "organizaciones que pueden contribuir con su experiencia en el camino para una regularización de sus actividades combinando el respeto a las libertades individuales con la necesaria protección a la salud", pero no dice "explícitamente" que estas asociaciones abastezcan a sus miembros de cannabis para su uso personal. Así, la ley vasca se ha librado de que el alto tribunal la tumbe como a su homóloga navarra.

Aun así, queda claro que las comunidades autónomas han tomado la iniciativa para clarificar la situación del cannabis en nuestro país. Ahora solo queda esperar y ver qué pasa cuando llegue la iniciativa del Parlamento navarro con el fin de establecer, de una vez por todas, una ley ordinaria que regule el autocultivo y las asociaciones cannábicas en España.