Informe FAC: el estado (de sitio) de las asociaciones cannábicas en España

A finales del pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Bilbao aprobó una propuesta para elaborar una norma de tipo urbanístico con la que regular las asociaciones de consumidores de cannabis de la ciudad. La iniciativa ha salido adelante después de que todos los grupos políticos, a excepción del Partido Popular, dieran su visto bueno. Una vez redactada y aprobada, la urbe se sumará al reducido número de localidades que cuentan con este tipo de normativa y entre las que ya se encuentran Barcelona y San Sebastián.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en todos los casos, como demuestra el rechazo del pleno municipal de Málaga a una propuesta similar a las anteriores. También sirven de prueba las causas judiciales que continúan abriéndose, una tras otra, contra distintas agrupaciones.

A principios de mes, la Fiscalía pedía siete años de prisión para un club de cannabis almeriense, con miles de miembros inscritos, por "presunto delito contra la salud pública y asociación ilícita para venta indiscriminada de marihuana aparentando una forma asociativa". Y, un poco más al norte, el Juzgado de lo Penal de Zaragoza condenaba a nueve miembros de la histórica asociación aragonesa SECA por un delito de narcotráfico. Aunque pedían pena de dos años y medio de prisión para los dos expresidentes y multas de 10.000 euros para el resto de acusados, todo ha quedado reducido a 75 días de trabajos comunitarios. A esto hay que sumar las causas abiertas contra Three Monkeys (Barcelona), la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers (Bilbao) y Pannagh el año pasado.

"La realidad de los clubes de cannabis no ha variado mucho con respecto a la situación de cuando empezamos, hace más de una década", lamenta David Rabe, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), a Dinafem. Actualmente, "es muy difícil determinar cuántos clubes están funcionando en España y bajo qué condiciones", advierte Rabe. Según las estimaciones de la federación, la cifra rondaría el millar.

"Las sentencias del Tribunal Supremo solo han establecido unos criterios por los que la gente debe tener claro, más que nunca, que nuestra actividad continúa sin estar reconocida, no está regulada", indica el responsable de la FAC. En este sentido, la condena de los responsables del club Ebers, emitida tras la consideración de un recurso de la Fiscalía por parte del Tribunal Supremo, introdujo el mayor cambio en los límites legales impuestos a los clubes, pues supuso una revisión del marco legal que afecta a las asociaciones cannábicas en nuestro país.

Aquella sentencia estipulaba nuevas consideraciones sobre la actividad de los clubs sociales de cannabis o CBC: "El cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una asociación constituye tráfico de drogas", definía el texto. "Si el intercambio de cannabis se realiza entre los cientos de personas que integran una asociación abierta a nuevas incorporaciones, entonces encaja perfectamente en lo que el Código Penal califica de delito contra la salud pública o tráfico de drogas".

El dictamen puso de manifiesto que "no todas las asociaciones son iguales", explica Rabe, que ve necesaria esta distinción. Mientras que en algunos casos se trata de "clubes pequeños, cerrados, que garantiza que el núcleo de actividad está controlado", otros CBC "ni siquiera saben el número de personas inscritas", dice el secretario de la FAC, o transforman en un negocio lo que se supone un movimiento de defensa de los derechos de los usuarios de cannabis. Estos últimos dan una imagen que "desvirtúa completamente el espíritu de conciencia social por el que nació el movimiento asociativo", advierte Rabe.

La desidia política y la falta de regulación se han traducido en un aumento de actividades que atentan contra los propios pilares del activismo cannábico. "Hay muchísimos más cultivos, hay más gente que está cultivando y lo ofrece a otras asociaciones para ver si se llevan un sobresueldo", explica el responsable de la FAC. Otros, incluso, "se dedican a entrar en las plantaciones de las asociaciones y a vender luego a los mismos miembros".

"El movimiento de clubes se ha expandido de una manera espectacular, pero no por el camino que se tenía que haber expandido", indica Rabe. Aunque admite que una parte de la culpa corresponde a la sociedad y al propio movimiento cannábico porque "no supimos dar a esta realidad la contención que necesitaba ", señala como principal culpable de la situación al Gobierno.

Pese a los tímidos pasos observados en algunas ciudades, donde se ha aprobado o se estudia una normativa reguladora de la actividad de asociaciones y clubes sociales de cannabis, la persecución a estos colectivos no parece haber remitido. "Lo que quieren conseguir las sentencias es intimidar a los grupos y los usuarios que quieren normalizar su situación", dice Rabe, complicando aún más la situación cuando se trata de asociaciones o individuos totalmente transparentes en su actividad. "No llegamos a entender por qué en algunos casos no ocurre nada y en otros sí", admite el secretario de la FAC.

No obstante, sí se observa una tendencia que se repite en muchas causas: "Las audiencias provinciales automáticamente han ido absolviendo a algunos clubes que han tenido algún tipo de procedimiento judicial", explica Rabe. Pero a pesar de estas acciones, continúan abriéndose nuevos procedimientos y ejecutándose intervenciones en cultivos, "la mayoría de las veces surgidos a raíz de un intento de robo y no de una investigación policial", advierte el responsable de la FAC. "Los gobiernos tendrían que ponerse manos a la obra al ver que bajo la prohibición no se está arreglando el problema", añade Rabe.

"Que se esté hablando de esto es todo un triunfo para nosotros", recalca Rabe. Ahora falta "pasar de las palabras a los hechos", el paso que de verdad cuesta a nivel político.

Actualmente, hay procedimientos abiertos en Barcelona, Baleares, Madrid, Valencia, Castellón y Galicia. Dos ejemplos son los recientes casos de las asociaciones G13 y La Maca, en la Ciudad Condal, a la que finalmente han levantado el cierre cautelar. "En Baleares hay causas que involucran a algunos de los clubes más antiguos, se han intervenido cientos de plantas", indica Rabe.

Para el secretario de la FAC, el hecho de que los responsables del Gobierno de algunas ciudades se hayan puesto de acuerdo para discutir o aprobar una normativa que afecta a las asociaciones "es un paso muy importante". Pero que se aprueben las iniciativas "no quiere decir que se pongan en marcha al día siguiente": los plazos asociados a estos procedimientos son largos y las luchas políticas dificultan su ejecución, así que "los avances son lentos". De momento, los acuerdos solo se han traducido en moratorias a la aprobación de permisos para nuevos clubes.

"Que se esté hablando de esto es todo un triunfo para nosotros", recalca Rabe. Ahora falta "pasar de las palabras a los hechos", el paso que de verdad cuesta a nivel político. "El tema del cannabis es un tema muy delicado", advierte el responsable de la FAC. Explica que se han reunido con diferentes grupos políticos que, a pesar de haberles dado su apoyo, "se dan cuenta de que es muy difícil hacer entender una iniciativa de regulación del uso del cannabis a sus votantes", sobre todo ante el panorama político actual y las reticencias de "un país cien por cien conservador". Como asegura Rabe, aún "queda muchísimo trabajo por delante".